Así se desprende de su último informe, titulado 'El estado de los derechos humanos en el mundo', en el que la organización destaca que también en Irlanda se produjo una "ausencia crónica de apoyos de base comunitaria, de vivienda y de servicios equivalente a una política de institucionalización de facto", así como la "reiterada falta de protección del Estado a las personas con discapacidad" en entornos institucionales.

El análisis de Amnistía Internacional pone el foco en Reino Unido, donde "se aprobaron reformas de la seguridad social que abocaron a la pobreza incluso a personas con discapacidad".

"En junio, el gobierno presentó un proyecto de ley que proponía cambios en los regímenes de Crédito Universal y Prestación de Independencia Personal con el objetivo de ahorrar 5.000 millones de libras esterlinas. La propia evaluación del impacto realizada por el gobierno concluía que las medidas sumirían en la pobreza a otras 250.000 personas con discapacidad", subraya el informe.

Así, "tras una intensa campaña", algunas de las propuestas más perjudiciales del proyecto de ley fueron retiradas en espera de revisión y en agosto se promulgó una ley que introducía el acceso a la seguridad social en dos niveles, con prestaciones más bajas para los nuevos solicitantes y requisitos dirigidos a excluir a las personas con estados de salud cambiantes.

"En septiembre, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos y la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, todos de la ONU, condenaron la legislación por ser regresiva e incompatible con el principio de no discriminación en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", recoge.

Sobre la situación en Argentina, el informe de Amnistía Internacional afirma que el Gobierno de Javier Milei "impuso medidas severas de austeridad que afectaban especialmente a las personas de edad avanzada y personas con discapacidad".

Ante esas decisiones, en septiembre "el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos alertó sobre el hecho de que las medidas de austeridad afectaban principalmente a las personas mayores y a las que tenían alguna discapacidad".

INDEMNIZACIÓN POR ESTERILIZACIÓN FORZADA

La situación de las personas con discapacidad en Japón, según el informe de Amnistía Internacional, mejoró tras la promulgación de una ley que ofrecía indemnización a las víctimas de esterilización forzada.

El informe destaca que en virtud de la Ley de Protección Eugenésica de 1948, se realizaron esterilizaciones y abortos sin consentimiento a aproximadamente 84.000 personas. La nueva norma sobre indemnizaciones, resultado de la decisión de la Corte Suprema de julio de 2024 que declaraba inconstitucional la ley de eugenesia, incluía una disculpa del gobierno en su preámbulo.

"Muchas víctimas tuvieron dificultades para reunir las pruebas necesarias para sus reclamaciones, como historiales médicos antiguos. A finales de noviembre sólo se habían aprobado 1.560 reclamaciones. Los grupos de víctimas destacaron que algunas personas ni siquiera sabían que se les habían realizado las intervenciones", recoge el informe.

En el Congo la situación el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su profunda preocupación por el gran número de mujeres y niñas afectadas por la violencia de género, entre ellas mujeres y niñas con discapacidad y mujeres indígenas. Mientras que en Asia y Oceanía, el informe destaca que "la discriminación por motivos de discapacidad continuó siendo generalizada. En Corea del Norte, las personas con discapacidad se enfrentaban a una exclusión sistémica de la educación, la asistencia médica y el empleo".