Beltrán compareció esta tarde en la ponencia de la Cámara Alta que estudia los fenómenos de la intolerancia, nuevas formas de esclavitud y margnación social.

En el seno de la ponencia parlamentaria, el responsable de Amnistía Internacional presentó un informe en el que se señala un incremento de "las denuncias de malos tratos y detenciones ilegales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, sobre todo a inmigrantes o personas de raza diferente a la blanca".

Al respecto, comentó, en declaraciones a Servimedia, que esta tendencia alcista se produce desde hace dos o tres años y agregó que la mayoría de estos casos han tenido lugar n Vigo, Almería o Alava.

Asimismo, instó a la ponencia a investigar sobre los posibles casos de mutilación genital femenina que se puedan estar produciendo en España, entre los miembros de comunidades de inmigrantes en cuyos países de origen estas prácticas son habituales.

Por otra parte, pidió al Gobierno español que ratifique cuanto antes el recientemente aprobado protocolo para la convención de la discriminación contra la mujer. De igual modo, en el citado informe reclamó la reforma de la ley e Asilo y Refugio, que afecta a aquellos ciudadanos que huyen de la persecución en sus países de origen y que no son, necesariamente, inmigrantes económicos.

TERRORISTAS

Por otra parte, reiteró la petición a las autoridades españolas para que derogue de la legislación antiterrorista el régimen de incomunicación que se aplica por espacio de cinco días a los miembros de organizaciones terroristas detenidos, como ocurre habitualmente con el caso de ETA.

Beltrán destacó que esta norma en vigor "ha ropiciado la práctica de torturas y malos tratos en España. La persona acusada de terrorismo no está sólo 72 horas, sino que se la somete a cinco días de detención en régimen de incomunicación y sin derecho a un abogado de su elección".

Al respecto, subrayó que "esta preocupación de Amnistía ha sido motivo de preocupación, asimismo, por parte del Comité contra la Tortura de la ONU, que se ha dirigido en alguna ocasión al Gobierno español".

El responsable de Amnistía concluyó diciendo que "los aseinatos de ETA no deben ser ninguna excusa para mantener una práctica que hasta la ONU ha considerado contraria a los pactos y convenios internacionales ratificados por España".