El grupo de organizaciones que realiza el seguimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) señaló que las medidas debilitan garantías fundamentales como el derecho a solicitar asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, alertaron sobre el menoscabo del derecho a la información y la protección a la salud integral de las personas migrantes.

Las dieciocho organizaciones firmantes dirigieron una carta al Gobierno de España para expresar sus principales preocupaciones sobre la profundización de un modelo de externalización del control migratorio hacia terceros países, sin garantías del cumplimiento de los derechos humanos.

CONCEPTO DE TERCER PAÍS SEGURO

Las entidades cuestionaron el refuerzo del concepto de "tercer país seguro", que permite a los Estados de la Unión Europea rechazar una solicitud de asilo como inadmisible si se considera que la persona podía haber solicitado protección internacional en un tercer país.

Esta medida, según denunciaron, contraviene la práctica general del derecho internacional sobre personas refugiadas y permite expulsar a solicitantes de asilo a países con los que no tienen ninguna relación, por la fuerza y sin posibilidad de recurrir la decisión.

La alarma es mayor, añadieron, porque en la lista de países supuestamente seguros en los que se delega la identificación y detención de personas migrantes se incluyen algunos que han sido denunciados en múltiples ocasiones por violación de derechos humanos y libertades fundamentales.

Con respecto al impacto en la infancia migrante y solicitante de protección internacional, las organizaciones señalaron que la aplicación de estos conceptos es especialmente preocupante y podría ir en contra del interés superior de la infancia.

Alertaron también sobre el refuerzo de los procedimientos de control, identificación y evaluación rápida de nacionales de terceros países en frontera (triaje) y el uso intensivo de datos biométricos, que pueden aumentar la criminalización y el racismo institucional.

SOLIDARIDAD FLEXIBLE INSUFICIENTE

Las ONG cuestionaron que la llamada "solidaridad flexible" —acuerdo que permite a los Estados miembros financiar proyectos en terceros países destinados al control migratorio como alternativa a la reubicación de personas con necesidad de protección en la UE— no puede sustituir a un verdadero sistema de solidaridad y acogida. Exigieron garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad de acoger de forma justa y digna a las personas solicitantes de protección internacional en la Unión Europea.

Las organizaciones destacaron la importancia de la negativa mantenida por el Gobierno español respecto al Reglamento de Retorno de la UE, debatido a principios de diciembre, en el que se propone acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno de personas en situación irregular en los Estados miembros, permitiendo el establecimiento de centros de deportación en terceros países.

CENTROS EN MAURITANIA

No obstante, manifestaron su alarma ante informaciones recientemente publicadas sobre la participación de la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas) en la construcción de dos "centros temporales de recepción para extranjeros" en Mauritania. Denunciaron que en estos centros se podrá privar de libertad también a menores de edad, incluidos bebés en edad lactante.

Asimismo, expresaron su preocupación ante el aumento de recursos para la transferencia de inteligencia, equipamiento policial y vigilancia fronteriza hacia los países africanos para el control migratorio. Ante la trascendencia jurídica, política y social de este acuerdo, exigieron que el Gobierno garantice máxima transparencia y publicidad de los actos preparatorios.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Las entidades solicitaron la participación real, efectiva y verificable de la sociedad civil, en consonancia con los principios y obligaciones que deben regir la actuación de las Administraciones conforme al derecho europeo, la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Insistieron en la necesidad de que el mecanismo de supervisión independiente previsto para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la gestión fronteriza incorpore una participación regular y efectiva de las organizaciones de la sociedad civil.

Reiteraron que, sin vías legales y seguras, sin compromisos reales y ambiciosos de reasentamiento y sin un sistema de acogida fuerte y estable, el PEMA está condenado al fracaso desde el punto de vista humanitario. Entre las organizaciones firmantes figuran CEAR, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, Oxfam Intermón, Entreculturas y Red Acoge, entre otras.