Respecto al fondo de esta cuestión, ambas organizaciones discrepan sobre esa reforma, ya que APM sostiene que no sería necesaria la reforma para ese cumplimiento íntegro, Jueces para la Democracia s la cree necesaria.

Sin embargo, coinciden en que este no es el momento, recién descubierto el asesinato de la joven Anabel. Para JD es "un error capital" y a juicio de la APM el debate está "desenfocado por su politización".

En declaraciones a Servimedia, el presidente de la APM, Ramón Rodríguez Arribas señaló que la Constitución "no prohibe que las penas no puedan cumplirse íntegramente, ni dice tampoco que hayan de cumplirse íntegramente" sino que tan sólo señala que las penas deben estar orietadas a la reinserción del delincuente, por lo que, a su juicio, no sería necesaria una reforma de la Carta Magna.

Rodríguez Arribas explicó que el hecho de que en la actualidad no se cumplan en su totalidad las condenas depende de la legislación penitenciaria y del uso que hace la administración penitenciaria de esa legislación para ir cambiando los grados. Por eso, sería necesario, a su juicio, reformar dichas legislaciones y no la Constitución.

"Todo depende de la legislación, no de la Constitción, que lo que te ordena es que pongas la pena que quieras pero orientándola a la resinserción, lo que se hace haciendo un tratamiento penitenciario integral de rescate de los valores de una persona para conseguir que viva en libertad honradamente cuando salga de la cárcel", precisó.

En su opinión, esa reinserción se puede lograr en los años que dice el tribunal en la condena o en menos tiempo "si del tratamiento se llega a la conclusión, con el adecuado control judicial, que el resto del cumplimieno de la pena ya no es necesario porque se ha conseguido la reinserción".

Sin embargo, Rodríguez Arribas señaló que el problema que existe en la actualidad es que no hay ese tratamiento "serio, científico e individualizado y lo que hay es que se aplica automáticamente unas redenciones, haciendo un cierto análisis que desde luego no es científico ni es suficiente, y es una cosa puramente administrativa y burocrática".

Finalmente, precisó que la APM es partidaria de que, por regla general, el cumpliiento de las penas debe ser "razonablemente íntegro" ya que, en su opinión, "las penas deben dictarse e imponerse para que se cumplan íntegramente", aunque agregó que si antes del cumplimiento de la pena completa se observa que la reinserción se ha producido "no hay ningún inconveniente a que la pena no se aplique completamente".

"CULTURA DE SIGLOS"

Por su parte, José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia, dijo a Servimedia que, por el contrario, sí sería necesaria una reforma constiucional porque "la Constitución da dos referentes de las penas privativas de la libertad, no únicos pero fundamentales, que son la rehabilitación y la reinserción".

Agregó que siempre se ha entendido en nuestra culturta jurídica que esto se posibilita mejor con un sistema de cumplimiento progresivo de las penas y "por tanto para hacer un cumplimiento íntegro sin resquicios, entendemos que sería necesaria la reforma del artículo 25 de la Constitución".

Alonso precisó que su asociación está a favorde un sistema de cumplimiento progresivo de las penas ya que, a su juicio, "es el único sistema que entendemos se ajusta a la Constitución y el único que permite atender a sus dos referentes constitucionales de rehabilitación y reinserción social del penado".

"No vamos a desmentir y menos en un entorno emocional como el que puede haber ahora, lo que es una cultura adquirida después de dos o tres siglos", agregó.