El principal sindicato docente defiende el establecimiento de esta modalidad de jubilación "como un pilar primordial del futuro Estatuto de la Función Pública Docente con carácter básico estatal, a fin de evitar desigualdades territoriales y garantizar condiciones homogéneas en todo el Estado".

En este sentido, denuncia que los grupos de trabajo conformados por el Ministerio de Educación para elaborar el estatuto llevan paralizados más de un año, y exige que se reactiven para avanzar, entre otros, en este asunto.

ANPE recordó que actualmente, solo el personal funcionario que accedió al servicio público antes de 2011 —es decir, el adscrito al Régimen de Clases Pasivas del Estado— puede jubilarse con 60 años de edad y 30 de servicio. "El personal funcionario que accedió después de esa fecha, adscrito al Régimen General de la Seguridad Social, no puede acogerse a la jubilación anticipada y se ve obligado a retrasar su retiro hasta los 67 años o anticipadamente a los 65 años con un tiempo mínimo cotizado, lo que repercute negativamente en su salud física y psicológica".

Por ello, el sindicato pide "un modelo flexible" que permita mantener la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, posibilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 70 años para aquellos docentes que así lo deseen por motivos personales o profesionales, y extender al profesorado del Régimen General de la Seguridad Social el derecho a la jubilación voluntaria a los 60 años con 30 años de servicio, una medida que considera esencial en una profesión sometida a elevados niveles de exigencia física y emocional.

La propuesta del sindicato incluye la recuperación de las gratificaciones extraordinarias vinculadas a la jubilación anticipada, que antes actuaban como incentivo para la renovación de las plantillas docentes. Asimismo, ANPE pide que el Gobierno garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y aplique determinadas mejoras asistenciales, "como el incremento de las ayudas de Muface para el personal jubilado y el acceso gratuito a medicamentos, equiparando en este aspecto las condiciones del mutualismo administrativo a las del sistema general de la Seguridad Social".