Así lo advirtió la jurista especialista en derecho Lgtbi+ y de la discapacidad Ángeles Blanco en una entrevista con Servimedia, en la que también aportó su perspectiva sobre discapacidad en la elaboración del texto de este anteproyecto de ley.

La abogada sostuvo que el texto reconoce “la posición de singular vulnerabilidad” de las madres de personas con discapacidad que, a su vez, sufren violencia. En este sentido, avisó de que muchas de ellas quedan atrapadas en una situación de dependencia económica que dificulta la salida del maltrato.

En concreto, relató que, en su práctica profesional, ha presenciado “en varias ocasiones cómo las madres de personas con discapacidad se paralizan ante la violencia” y que “muchas han renunciado” a su vida social y profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos con discapacidad, lo que agrava su situación cuando surge la violencia en el entorno familiar.

La dependencia es, en estos casos, doble. “Cuando estalla la violencia, tanto ella como su hijo con discapacidad son dependientes económicamente y ella podría irse a vivir debajo de un puente, pero es incapaz de que su hijo con discapacidad pueda enfrentarse a una situación de carestía económica”, detalló. Esto provoca que “ninguno de los dos pueda salir de la violencia”.

Así, el anteproyecto de ley de violencia vicaria introduce medidas que la jurista considera acertadas. Entre ellas, destaca la extensión de la protección a hijos mayores de edad con discapacidad y grandes necesidades de apoyo, un colectivo que hasta ahora quedaba más invisibilizado.

Blanco también valora positivamente la posibilidad de “acumular procesos judiciales” y la opción de “retirar el régimen de visitas” a progenitores maltratadores, tanto para menores como para mayores de edad con discapacidad con grandes necesidades de apoyo.

En relación con esto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado recientemente la posibilidad de retirar la patria potestad a los maltratadores, aunque también propuso que pueda revisarse. Ángeles Blanco afirmó que esta medida puede ser muy importante para garantizar que los hijos con discapacidad “crezcan y se desarrollen en un entorno libre de violencias”.

CARENCIAS

Pese a estos avances, la jurista advirtió de que el anteproyecto será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que garanticen la independencia económica de las madres de personas con discapacidad. Entre propuestas concretas, Blanco planteó ampliar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave o discapacidad (CUME), que actualmente puede solicitarse hasta los 26 años. “Sería necesario ampliar la medida hasta los 30 años”, dijo.

Esta extensión permitiría que las madres contaran con recursos suficientes para abandonar situaciones de violencia sin que sus hijos “se conviertan en moneda de cambio”.

Otra de las principales lagunas del texto es el acceso a la justicia. Blanco señaló que el anteproyecto “no se pronuncia” sobre esta cuestión en concreto y se limita a remitir a la normativa existente. Sin embargo, considera imprescindible desarrollar reglamentariamente la figura del facilitador procesal.

Así, el “acceso a la justicia de las personas con discapacidad seguirá siendo una cuestión de voluntad discrecional y no un derecho plenamente exigible” lamentó. Además, en términos generales, Blanco aseguró que el anteproyecto avanza al “despojarse del sesgo adultocentrista”, pero cree que aún debe dar un paso más para eliminar el “sesgo capacitista”.

De este modo, insistió en la necesidad de medidas de acción positiva, como la incorporación de facilitadores procesales en los juzgados, que garanticen la participación real y efectiva de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales.

Finalmente, la jurista subrayó la importancia de reconocer que la violencia no afecta únicamente a la mujer y recordó que “un maltratador no atenta solo contra una única persona”, en línea con la legislación vigente que ya considera a los hijos también víctimas de la violencia machista.