Lo hizo a través de un comunicado en el que consideró “inaceptable” la demanda interpuesta por las autoridades de Rabat después que Cembrero publicara que Marruecos estaría detrás del espionaje de su teléfono móvil, ya que su número es el de uno de los 180 periodistas espiados mediante el programa Pegasus.

La APM denunció la actitud del Gobierno marroquí que en tres ocasiones anteriores ha visto rechazadas sus demandas contra Ignacio Cembrero, y relacionó esta posición con un intento de “amedrentar e intimidar” al periodista y de “evitar que, en el libre ejercicio de su profesión, siga denunciando las irregularidades que observa” en Marruecos.

Por ello, reclamó a las autoridades españoles que “actúen por los canales oportunos, entre ellos por la vía diplomática, para defender el derecho a la libertad de expresión de los periodistas de nuestro país cuando ésta se ve atacada por dirigentes de una potencia extranjera”.

Esto le sirvió para lamentar que, “desde que se conoció la presentación de la demanda por parte de Marruecos, el Gobierno ha evitado ejercer esa defensa a cualquier nivel y ha respondido con evasivas a preguntas formuladas por varios diputados en el Congreso”.

Por último, la APM subrayó que la Comisión Europea prepara una directiva para “impedir el acoso judicial a periodistas y activistas por parte de empresas multinacionales y de Estados extranjeros”, la cual, una vez se apruebe, se debe transponer a la legislación española.