Así lo desvelan los datos publicados este martes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, según los cuales durante el pasado ejercicio el Gobierno central redujo al 27% su porcentaje de financiación de la dependencia, esto es un 1,5% menos, según precisó la asociación en un comunicado.

La inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2024 fue de 12.843 millones de euros, de los cuales las comunidades autónomas financiaron, de media, el 72,9%, con 9.365 millones de euros, un 13,8% más que en 2023 según sus cálculos.

Tras subrayar que, en total, nueve comunidades “pierden financiación en la distribución de los 783 millones de euros del nivel acordado en 2025”, la entidad puntualizó que las regiones que menos porcentaje aportaron en dependencia son La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%). En el extremo opuesto, las que más aportan serían País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%).

PESO RELATIVO

“El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2012 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, por el incremento en la financiación aportada por la Administración General del Estado mediante el plan de choque”, valoró, al tiempo que indicó que el peso de las comunidades autónomas en la financiación cae un 13% entre los años 2020 y 2023, por el “refuerzo” de la financiación por parte de la Administración General del Estado, si bien en 2024 “vuelve a incrementarse rompiendo la tendencia cuatro años después”.

A este respecto, señaló que la Administración General del Estado incrementó en 185 millones de euros su gasto en dependencia “debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas, ya que por ser un sistema con modelo de financiación capitativo, el ministerio tiene que ampliar obligatoriamente sus aportaciones”.

Las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.845 euros), Extremadura (2.779) y Navarra (2.474), mientras “a la cola” se encuentran Galicia (1.317), Canarias (1.339) y Murcia (1.667).

GASTO POR BENEFICIARIO

El gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.592 euros, de los cuales la Administración General del Estado aportó 2.327 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas, 6.267 euros, según la asociación.

La región que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco, con 13.554 euros anuales, cantidad que duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía, con 7.173 euros anuales.