Desde la formación que lidera Santiago Abascal, el parlamentario Juan José Aizcorbe reprochó al resto de grupos que se jacten de Vox por atreverse a “plantear la inmigración ilegal como un problema” y afirmó que este fenómeno tiene “un gran impacto económico negativo para el Estado y para los españoles”. Por eso, dijo, Vox aboga por que el Tribunal de Cuentas “fiscalice cuánto nos cuesta la inmigración ilegal, en qué se gasta la ingente cantidad de recursos que conlleva y quiénes lo pagan. Cada año el Estado y las autonomías y los ayuntamientos destinan cientos de millones a sostener la inmigración ilegal, pero no existe un dato global. Nadie se atreve a dar cifras”.

Aizcorbe incidió en su exposición en que “la inmigración ilegal adopta muchas formas. La entrada clandestina, la estancia irregular, el fraude y el delito, todas dañan a los españoles que pagan y cumplen la ley y también a los inmigrantes legales que exigen una inmigración ordenada y justa. El gasto se reparte entre sanidad, educación, vivienda social, ayudas, subvenciones, ONGs, programas de integración que nadie evalúa. Cada administración pone su parte, pero nadie rinde cuentas y mientras tanto se repite el mismo dogma falso: la inmigración nos paga las pensiones”.

Según defendió, la “inmigración ilegal” es la responsable de las “urgencias colapsadas, aulas saturadas, vivienda lesionada y barrios desfigurados”.

Desde el Partido Popular, Pilar Aguado dejó claro que la formación de Alberto Núñez-Feijóo apuesta “por una política migratoria ordenada, legal y mutuamente beneficiosa” frente al escenario dibujado por los de Vox en relación con la inmigración, pero mostró su apoyo a la propuesta de Vox porque, según dijo, los populares no pueden oponerse “a conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia, porque además entendemos que no hay nada que ocultar”.

La popular aprovechó también para afear el hecho de que el Gobierno no haya presentado los Presupuestos. “No podemos seguir con unos presupuestos prorrogados más de tres años. Eso sí que es demagogia, señorías”, concluyó Aguado.

Por el contrario, el parlamentario socialista Pedro Manuel Martín Domínguez pidió a Vox que aclare “quién hará el trabajo en la hostelería donde el 72% de los trabajadores son extranjeros", cuánto costaría “la deportación de más de 8 millones de personas extranjeras y sus hijos" propuesta por la formación de Abascal o “cuánto costaría sacar la Armada al Mediterráneo y el Atlántico para el control de los migrantes”.

Engracia Rivera, de Sumar, afirmó que la solicitud de Vox es “francamente repugnante. No por la fiscalización del uso correcto de los gastos, sino por el retorcimiento racista de lo que ellos llaman inmigración ilegal. Nadie es ilegal por migrar. Se puede estar en situación administrativa irregular, pero les repito, nadie es ilegal por buscar un futuro mejor para sí mismo o su familia”.