Antes de su aprobación en Consejo de Gobierno, el texto se remitió a más de cincuenta instituciones, entidades y asociaciones para invitarles a presentar sus aportaciones antes de que el documento sea remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.

La nueva normativa añade una especial valoración de los montes por sus funciones en la generación, gestión y reserva de los recursos hídricos y su contribución a la regulación del régimen de caudales de los ríos; en la conservación de los suelos como recurso natural y en la conservación del patrimonio genético contenido en los bosques aragoneses autóctonos.

Además, otorga al árbol una consideración especial como valor específico a proteger y establece entre sus objetivos la defensa de los montes contra los incendios, la erosión y las plagas forestales, estableciendo y regulando medidas de custodia que no se limitan a los usos, servicios y aprovechamientos tradicionales de los montes.

Por otro lado, y con objeto de otorgar el régimen protector y de gestión a los terrenos relacionados con la producción y la gestión de los recursos hídricos, se incluyen en la definición del concepto de monte las áreas nivales, glaciares, roquedos y cumbres, así como los humedales, sotos naturales y masas forestales de riberas.

A ello se suma la novedad de que se considera árbol como valor natural y cultural a proteger, añadiendo éste al objetivo clásico de defensa del terreno sobre el que vegeta, el monte.

Con la futura ley se dota al suelo forestal del mayor nivel de protección que una norma sectorial forestal puede otorgar a este recurso natural de máxima relevancia en el sector primario, que debe considerarse y gestionarse como no renovable, exceptuando los ribazos y márgenes de cultivos de la superficie mínima de monte establecida con carácter general, según afirmó el Gobierno aragonés en una nota.