De acuerdo con los datos recogidos por Servimedia, aparte del ‘caso SEPI’, la mayoría de los procedimientos por corrupción en la comunidad aragonesa se relacionan con la gestión de contratos públicos, ayudas institucionales y fondos europeos canalizados hacia administraciones y compañías aragonesas.

El centro de atención política y judicial pasa por la pieza del ‘caso SEPI’ que instruye la Audiencia Nacional, en cuyo marco la Guardia Civil irrumpió en diciembre pasado en la sede de Forestalia en pleno centro de Zaragoza. Los agentes rastrearon abundante documentación sobre adjudicaciones y apoyos financieros concedidos a sociedades del grupo energético, que se ha expandido con fuerza en el sector renovable.

La causa se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 6, dirigido por el magistrado Antonio Piña, y permanece sometida a secreto, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. Bajo este paraguas se examinan posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y pertenencia a organización criminal ligados a distintas operaciones empresariales.

En esa investigación figuran nombres como el de Leire Díez, exmilitante socialista que estuvo vinculada a la empresa pública Enusa, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso, relacionado con Servinabar y el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Los informes policiales apuntan a un engranaje de comisiones ilícitas asociado a rescates y contratos públicos.

FONDOS PÚBLICOS

A su vez, Forestalia, encabezada por el empresario aragonés Fernando Samper, aparece señalada por la concesión de 17,3 millones de euros de Sepides a Aparellet, sociedad controlada íntegramente por el grupo. Las pesquisas de la UCO tratan de aclarar si una parte de esa inyección pública terminó desviándose mediante sociedades pantalla sin actividad real, a modo de vía para pagos opacos. Al mismo tiempo, se ha ligado las operaciones de esta sociedad con la familia de la actual secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.

La empresa ha expresado que está colaborando con las autoridades policiales y judiciales y ha declinado ofrecer más detalles mientras el procedimiento siga bajo secreto. El registro de su sede zaragozana se prolongó varias horas y supuso la incautación de equipos informáticos, ficheros internos y carpetas con información contable y contractual.

Fuera de la Audiencia Nacional, Aragón también aparece en el punto de mira de la Fiscalía Europea por la gestión de ayudas Next Generation para rehabilitar viviendas en el conjunto Aloy Sala, en Zaragoza. Una denuncia vecinal activó la apertura de diligencias por presunto fraude en subvenciones comunitarias y malversación, centradas en el reparto y ejecución de esos fondos.

El expediente alcanza decisiones adoptadas durante el mandato de Jorge Azcón, actual presidente autonómico, al frente del Ayuntamiento de Zaragoza, así como actuaciones posteriores del equipo que hoy encabeza la alcaldesa Natalia Chueca. Los investigadores revisan criterios de selección de los proyectos, la formación de expedientes, los costes declarados y la justificación final ante las instituciones europeas.

En el ámbito municipal, la Fiscalía Provincial de Zaragoza ha presentado una denuncia contra el alcalde socialista de Aguarón, Lucio Cucalón, por presunta prevaricación y falsedad documental. Se le atribuye haber adjudicado contratos a su entorno familiar por alrededor de 235.000 euros a mercantiles vinculadas, extremo que analizan ahora los juzgados de instrucción con revisión de expedientes y facturas.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha censurado la permanencia del regidor en el cargo y ha subrayado la gravedad de los indicios de favoritismo en la contratación. Desde el PSOE se reivindica respeto a la presunción de inocencia, aunque la dirección regional admite que seguirá con atención la evolución del procedimiento judicial abierto.

​CORRUPCIÓN EN LA CAMPAÑA

Los datos más recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que en Aragón se cerraron dos procedimientos por corrupción en 2024, con dos personas acusadas, pero el número de causas abiertas en diferentes fases de instrucción ronda la decena. Estos asuntos se reparten entre juzgados de Zaragoza y otros partidos judiciales de la comunidad, con especial peso de los delitos ligados a la administración pública.

En plena campaña, la acumulación de investigaciones –desde el ‘caso SEPI’ y la trama de Forestalia hasta las ayudas europeas de Aloy Sala y los procesos en pequeños municipios– ha situado la lucha contra la corrupción en el centro del discurso político aragonés.

La oposición reclama explicaciones detalladas sobre las relaciones institucionales con las empresas implicadas, mientras el Ejecutivo autonómico insiste en que será la Justicia quien determine responsabilidades.