Así lo indicaron a Servimedia desde el entorno de Armengol haciendo hincapié en que las conversaciones y el sumario del caso, según lo que se ha ido publicando, demuestran que el Ejecutivo balear que presidía Armengol era un “problema para la trama”.

De esta manera, reaccionaron ante las informaciones publicadas que aseguran que el Ejecutivo que lideraba la hoy presidenta de las Cortes avaló las mascarillas del ‘caso Koldo’ dos meses después de saber que “ninguna” era utilizable.

Las fuentes consultadas aseguraron que hay un error de base a la hora de describir como “fake” las mascarillas para invalidar por “irregular” todo el proceso administrativo posterior porque defienden que la cuestión es que se detectó que las mascarillas no cumplían en el máximo de calidad exigido.

Explican que se trataba de mascarillas de calidad apta para quirúrgicas, pero no suficiente para hospitales, por lo que aseguran que, cuando se detectó, derivó en que se presentara “dentro de plazo” la reclamación oportunidad, partiendo de que se trata de una cuestión administrativa en tiempo de pandemia.

El sumario contiene un expediente del 12 de agosto de 2020 con el que el Ejecutivo socialista de Baleares avaló las mascarillas compradas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa investigada en el ‘caso Koldo’ por facturar 53 millones de euros con el suministro de material sanitario y presuntamente repartir comisiones ilegales.

El documento está firmado por el entonces subdirector de Compras y Logística Servei de Salut de las Islas Balears, Antonio Mascaró Crespí. Pero 65 días antes, el 8 de junio de 2020, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) hizo llegar al Gobierno de Armengol los resultados de los análisis de validez de las mascarillas.

“El resultado de dicho análisis es que ninguno de las cuatro referencias cumple con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2 y, en consecuencia, de su equivalencia KN95 que fue el tipo ofrecido y recibido por la empresa”, señala la propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato el texto.

Según consta en el sumario, esta propuesta de reclamación no se registró hasta el 6 de julio de 2023, es decir, tres años más tarde y un día antes de que Marga Prohens, del Partido Popular, tomara posesión como nueva presidenta de Baleares en sustitución Armengol y propone solicitar la devolución de 2,6 millones de euros, es decir, el 71% del importe pagado.