El martes, la reforma se debatirá en un pleno monográfico y el jueves se procederá a su votación, para a continuación ser remitida al Senado, que comenzará a analizarla el próximo 24 de enero.

En realidad, las sesiones de los días 16 y 18 se celebrarán físicamente en la sede del Senado, donde se trasladarán los diputados debido a las obras en el Congreso.

TRÁMITE URGENTE

Cuando registraron la iniciativa socialistas y ‘populares’ solicitaron que esta se tramitara por la vía de urgencia, lo que implica reducir los plazos a la mitad. El objetivo era evitar más dilaciones, de modo que acordaron que se haría en lectura única (de una sola vez en el Pleno y sin pasar por las fases de ponencia y comisión).

Esta primera ‘reforma social’ de la Constitución fue impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que demanda un cambio en la Carta Magna desde hace años.

En 2018 llegó por primera vez al Congreso, con la implicación de la entonces vicepresidenta socialista Carmen Calvo. En aquel momento contaba con el respaldo de todos los partidos, pero la convocatoria de elecciones hizo que el proyecto decayese.

Dado que una modificación de la Constitución de este tipo exige un respaldo mínimo de las tres quintas partes de cada cámara (210 diputados y 159 senadores), el respaldo de los dos grandes partidos resulta imprescindible.

De hecho, la proposición de ley que el Ejecutivo presentó en la pasada legislatura no pudo salir adelante al no contar con el apoyo del PP.

El texto que esta semana se debatirá fue pactado entre las dos grandes formaciones, que se comprometieron a rechazar toda enmienda o modificación ajena que carezca de un apoyo consensuado.

Además, el PSOE aseguró que sus socios de Sumar no apoyarán la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma, que se podría convocar con la firma de 35 diputados (la posición de este partido sería pues determinante si alguien lo propusiera).

CAMBIOS

En su redacción actual, el artículo 49 de la Constitución establece que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

La nueva redacción establece que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación". Además, indica que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad" y que "estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad" en los términos que establezcan las leyes". “Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad", y agrega que "se regulará la especial protección de estas personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes".