Cepes celebró su XXXIII Asamblea General durante un gran acto que contó con el respaldo institucional de la secretaria de Estado de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Amparo Merino Segovia, y la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de Murcia, María Isabel López Aragón.

La Asamblea tuvo lugar en Murcia con motivo de la capitalidad española de la Economía Social 2025 que ostenta esta región. Bajo el lema 'Nueva era, nuevos retos: la Economía Social marca el paso', la patronal celebró este acto conducido por la periodista y presentadora Marienca Fernández y congregó a representantes de la economía social española y murciana, autoridades y personalidades políticas, empresariales, de la sociedad civil y del ámbito universitario que pudieron acudir a pesar de la situación excepcional acontecida por el apagón eléctrico.

Sin embargo, hubo autoridades que no pudieron acudir, como fue el caso del alcalde de la ciudad de Murcia, José Ballesta Germán; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; además de concejales de los ayuntamientos de Lorca, Cieza, Santomera, Cartagena; de presidentes de las organizaciones empresariales y sindicales de la Región de Murcia; y de los rectores y vicerrectores de la Universidad de Murcia.

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, inauguró la Asamblea General con una calurosa bienvenida a todos los asistentes, no como una mera fórmula protocolaria, sino con el "orgullo de quién recibe en su casa a quienes comparten, quienes compartimos, valores, proyectos y visión de futuro".

Pedreño manifestó que “esta Asamblea no es sólo una celebración, sino que también es un espacio para reflexionar con honestidad y profundidad sobre los retos que tenemos por delante". "Retos reales, algunos de ellos son ciertamente urgentes, otros son estructurales. Retos y desafíos que, aunque afectan sin duda al conjunto del tejido económico, lo hacen de manera muy concreta a nuestro modelo empresarial”, dijo.

Como uno de los retos principales, hizo hincapié en que no basta con actualizar la legislación vigente, sino que hace falta una norma “transversal, moderna y transformadora” que integre al conjunto del ecosistema de economía social en las grandes estrategias del país, como la reindustrialización, la transición energética, la digitalización y la cohesión territorial.

Adujo que la Ley Integral de Economía Social es "clave para construir una economía más humana, más resiliente y más justa”. Entre los objetivos de esta reforma normativa, recordó que Cepes plantea impulsar la creación y consolidación de empresas de economía social; facilitar la intercooperación y la adaptación normativa a sus especificidades; reconocer su papel clave en el desarrollo sostenible, el empleo de calidad y la cohesión territorial; y garantizar su participación en los espacios de gobernanza pública, incluido el diálogo social.

Pedreño pidió también una reforma fiscal coherente con los principios de este modelo empresarial y subrayó que muchas de estas empresas reinvierten sus beneficios y priorizan el empleo estable y local. “No pedimos privilegios, pedimos una fiscalidad justa que valore lo que aportamos a la sociedad”, añadió al recordar que la actual ley fiscal de cooperativas tiene 35 años y ha perdido gran parte de su efecto diferenciador.

ACTO INAUGURAL

Junto con el presidente de Cepes, la secretaria de Estado de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Amparo Merino, inauguró el acto señalando que esta "no es una organización más, es la coluna vertebral de un modelo económico que sitúa a las personas en el centro”.

Asimismo, destacó que “si algo tenemos por delante es el horizonte legislativo para que el 2025 sea el año en el que se apruebe la Ley Integral de Economía Social”.

Merino anunció que “la Comisión Europea ha autorizado una adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que España pueda ampliar el plazo de ejecución de los fondos del Perte de la Economía Social y de los Cuidados hasta diciembre de este año, seis meses más de lo previsto”.

En este sentido, recordó la relevancia de Asett, el 'hub' de la economía social desarrollado en San Sebastián por tratarse de una realidad estratégica puesta en marcha para que la economía social española "siga siendo ese referente europeo y mundial". "Una iniciativa que articula conocimiento, práctica y visión de futuro”, recalcó.

La secretaria de Estado disculpó la ausencia de la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por el hecho de que el Gobierno está “haciendo frente” al apagón que la península Ibérica estaba sufriendo.

La secretaria de Estado estuvo acompañada por el Comisionado Especial de Economía Social, Jaime Iglesias, y por la directora de Economía Social y RSE, Aicha Belassir.

En el acto inaugural también intervino la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, María Isabel López Aragón, que reafirmó el compromiso de la Región de Murcia con la economía social como una realidad consolidada, aludiendo a la eficiencia económica y justicia social de este modelo de negocio que se erige como “una palanca esencial para el desarrollo sostenible”.

En este sentido, Marisa López remarcó que “la economía social representa la mejor expresión de la economía puesta al servicio de las personas” y afirmó que desde el Gobierno autonómico seguirán caminando al lado de Cepes convencidos de su labor en la que creen firmemente.

Durante su intervención, repasó algunas de las políticas puestas en marcha por la región para fomentar la economía social como la aprobación del VI pacto por la Excelencia dotado de más de 55 millones de euros y que recoge 150 medidas y que permitirá crear más de 6.000 empleos en los próximos años, en palabras de la consejera el compromiso del gobierno regional “no se limita a promesas, sino que fija metas claras”.

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN

En su discurso, Pedreño repasó el ejercicio económico y actividades de la patronal de la economía social durante 2024, así como los retos y desafíos actuales como el impacto de las nuevas barreras comerciales, en particular los aranceles impuestos por Estados Unidos, las tensiones políticas por toda la geografía mundial, la polarización política, la crisis climática, el aumento de la desigualdad o la inevitable transformación del empleo entre otros.

Adujo que la economía social es "una realidad viva, innovadora y profundamente comprometida con las personas y los territorios". Defendió que "ha llegado el momento de dotarla de un marco legal acorde a su relevancia actual y futura” y que “la economía social no solo ofrece soluciones a los retos sociales, sino que es una herramienta estratégica frente a desafíos como la transición energética, el acceso a la vivienda, la despoblación rural y la inclusión laboral”.

En un contexto de continuos y grandes cambios geopolíticos, como los que acontecen actualmente, recalcó que la economía social "aporta certezas y genera confianza siendo un aliado único para alcanzar objetivos estratégicos y prosperar gracias a la presencia de este modelo empresarial en todos los sectores".

Pedreño hizo un reconocimiento al papa Francisco recordando su compromiso con un modelo económico basado en la solidaridad, la justicia social y el respeto por la dignidad humana, valores que forman parte del adn de las empresas de economía social. En este sentido, recordó que el Pontífice decía “que no mande el capital sobre las personas sino las personas sobre el capital”.

Durante la XXXIII Asamblea General de Cepes se ratificó la adhesión de Bidafarma, líder en distribución farmacéutica, como socio de pleno derecho. Su éxito empresarial se construye sobre los principios del cooperativismo y la defensa del modelo español de farmacia que garantiza el acceso universal de la ciudadanía a la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad.

Bidafarma da servicio a más de 10.000 farmacias en España y cuenta con un total de 1.718 empleados que trabajan en los 31 almacenes que la cooperativa tiene distribuidos por 36 provincias y 12 comunidades autónomas.