En un comunicado, la AEFI trasladó su posición sobre la nueva ley, que se encuentra en tramitación.

La asociación se opuso a que se incluyan topes máximos a la remuneración cercanos al 22% sin que se tengan en cuenta el tipo de producto, el importe o la duración del crédito, pues “puede acabar reduciendo la disponibilidad de soluciones reguladas y responsables, especialmente en canales digitales y en el punto de venta”.

La AEFI señaló que los modelos de financiación vinculados a la compra de bienes o servicios, en muchos casos sin intereses para el consumidor, responden a “una lógica distinta a la del crédito tradicional” y “han demostrado ser herramientas eficaces” para los hogares.

También alertó de que una regulación que no tenga en cuenta estas diferencias “podría limitar el acceso al crédito para determinados perfiles de consumidores” y afectar “de forma significativa” a los comercios que dependen de ellos.

Desde la asociación subrayaron que la protección del consumidor “no debe traducirse en la reducción de sus opciones” y una regulación “excesivamente restrictiva” puede dificultar el acceso a financiación regulada y desplazar la demanda hacia alternativas no supervisadas.

La asociación reiteró la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio “equilibrado”, que combine protección efectiva del consumidor, seguridad jurídica y mantenimiento de oferta de crédito.

Para ello, reclamó que los límites a la remuneración se diseñen con criterios técnicos, teniendo en cuenta el riesgo, el importe y la duración de las operaciones, así como la finalidad y la estructura de coste de cada modalidad de financiación, “evitando aproximaciones uniformes”.