Según informó la AF en un comunicado, este hecho "marca un hito que tardará muchos años en borrarse de nuestra memoria colectiva" y pidió "reflexión" a los fiscales, al ser "conscientes de que un auto autorizando esta medida no se dicta en el vacío".

Este registro fue ordenado por el juez Ángel Luis Hurtado, del Tribunal Supremo, que investiga a García Ortiz por revelación de secretos, algo que tiene que ver con la difusión de datos personales de Alberto González, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En el marco de esta investigación, la Guardia Civil registró este miércoles el despacho del fiscal general para llevarse el ordenador y dispositivos electrónicos que puedan ayudar en las pesquisas.

A este respecto, la AF pidió la dimisión del fiscal general y destacó la "anomalía insólita" que supone que esta autoridad esté imputada y se mantenga en el cargo. Por este motivo, indicó que este escenario debe conllevar una "reacción" del conjunto de los fiscales.

Además, esta asociación también planteó diversas cuestiones sobre las diligencias abiertas en el Supremo, como "qué fiscal interviene", "quién y cómo le designó" o "a qué fiscal se le notificó el auto conocido parcialmente ayer".