Ambas asociaciones exigían la “dimisión del presidente y los vocales del Consejo” para forzar la renovación dado el “desprestigio” al que está sometido el Consejo y la situación de “franca descomposición” en la que se encuentra.

La Asociación de Fiscales recuerda que la actual situación del CGPJ no es responsabilidad de sus vocales, sino de los partidos políticos, incapaces de ponerse de acuerdo, y de las Cámaras legislativas que son las que formalmente proceden a la renovación.

Insiste en que el artículo 568.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que el Consejo “se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución” y que “los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.

Por tanto, añaden, “las Cámaras pueden en todo momento evitar una situación manifiestamente inadecuada para el correcto funcionamiento de las instituciones como es ésta” y sobre la que el silencio del legislativo es “elocuente”. Así, la AF responsabiliza a los presidentes de Congreso y del Senado de no adoptar medidas para conseguir la renovación del CGPJ, “a pesar de que ambas cámaras disponen de la documentación necesaria para iniciar el proceso”.

"Se acude a lo que el comunicado tilda de excusas que opone el Partido Popular cuando en realidad ninguna intervención se atribuye por la LOPJ a los partidos políticos en esta materia", critican desde la AF.

Esta asociación arremete contra JJpD y UPF por atribuir a los partidos unas “tareas de las que están excluidos” y critica que sólo hay varapalos para las decisiones del CGPJ cuando las mismas no se alinean con los intereses de los que lo critican. Cita como ejemplo el informe contrario a la ley de amnistía o el rechazo al nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, por un Consejo en funciones, cuando en su mandato anterior fue considerado idóneo sin que esta decisión se pusiera en duda por esa misma situación transitoria.

“La franca descomposición de este órgano, que dicen constatada, es el destino de un viaje iniciado para acabar con el principio de separación de poderes”, señala la Asociación de Fiscales.