Según denunció hoy la Asociación, la ejecución de la interceptación legal de las comunicaciones está regulada por una norma de rango inferior a la que debiera, ya que la Constitución Española dice que ha de tratarse de una Ley Orgánica y no ordinaria.

La AI denuncia que "estas normas establecen que las interceptaciones de las comunicaciones puedan iniciarse sin autorización judicial previa".

En este sentido, la AI se queja de que los "agentes facultados" por el Gobierno, en el marco de una investigación penal, pueden pedir a las operadoras datos personales de sus usuarios sin que un juez haya determinado exactamente qué usuarios pueden verse afectados y los motivos legales que así lo amparan.