El origen de esta situación se encuentra en la reforma parcial del real decreto que regula la tramitación de las reformas de importancia en vehículos.

Esta reforma, que se realizó por medio de la Orden CTE 3191/2002, publicada en el BOE en diciembre del año pasado, amplía el número de modificaciones que requieren autorización administratia y ha provocado, en la práctica, la dilación de los plazos para lograr las autorizaciones pertinentes para realizar reformas relevantes en los vehículos, así como los costes para introducirlas.

Para homogeneizar los criterios a seguir en la tramitación de estas modificaciones, las comunidades autónomas elaboraron un Manual de "común aceptación", que debería servir para informar al técnico encargado de revisar o tramitar la reforma de los criterios, procedimientos y requisitos que deberían cumplirse pra la resolución positiva de estas reformas.

Sin embargo, las asociaciones de personas con discapacidad han constatado que tras la entrada en vigor de la nueva normativa algunos fabricantes no quieren expedir los informes favorables a la reforma, que son necesarios para acometerla, y delegan esa facultad en los laboratorios oficiales acreditados en España a tal efecto.

Según las asociaciones, en España sólo el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), además del IDIADA (Instituto para elDesarrollo y la Investigación Aplicada del Automóvil) en Cataluña y el INSIA (Instituto Universitario para la Investigación del Automóvil) en Madrid, están capacitados para expedir estos informes, lo cual dificulta y dilata los trámites.

Además, denuncian que el manual que elaboraron las administraciones autonómicas obliga a presentar un proyecto técnico en el supuesto de que un conductor discapacitado quiera habilitar un freno adaptado, lo cual podría aumentar en más de cinco veces el precio de este ispositivo para el usuario final.

Otra cuestión que plantean estas asociaciones se refiere a que las estaciones de ITV no legalizarán ningún vehículo si en el momento de la inspección no se aporta la totalidad de la documentación exigida, mientras que antes había un plazo de tres meses desde la inspección del vehículo para presentarla.

El CERMI trasladó estas inquietudes al Ministerio de Ciencia y Tecnología y el departamento que dirige Josep Piqué se ha comprometido por escrito a buscar solucions.

En este sentido, el propio ministro ha comunicado al CERMI que en los próximos meses su departamento presentará una serie de notas aclaratorias sobre la aplicación de esta nueva orden que eviten el encarecimiento de las reformas y el alargamiento de los plazos necesarios para conseguir la documentación y permisos necesarios.