En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales denunciaron la situación.

En los días previos a la huelga, el Ministerio de Justicia aseguró que ese derecho no estaba regulado para los miembros de las carreras judicial y fiscal y rechazó establecer servicios mínimos.

Ahora, las asociaciones explican que el Ministerio de Justicia no ha detraído los haberes correspondientes a los días no trabajados, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en su calidad de empleador/pagador.

Entienden los convocantes de la huelga que “esta omisión no es menor” ya que en la anterior huelga del año 2018 los haberes fueron descontados “de forma automática y sin objeciones, tal como establece la normativa vigente”.

Consideran “inaceptable” que en esta ocasión el Ministerio no haya actuado del mismo modo, y consideran que está aprovechando esta circunstancia para tildar el paro de “anecdótico” en un ejercicio de “propaganda y manipulación”.

“La detracción proporcional del salario es la consecuencia legal del ejercicio del derecho a huelga, y su no aplicación por quien tiene la obligación de ello no solo transmite a la ciudadanía la falsa impresión de que esta huelga no ha tenido efectos económicos, sino que también invisibiliza nuestra movilización, que es lo que sin duda se pretende con dicho incumplimiento”, señalan.

Frente a ello, los firmantes de este comunicado quieren dejar claro que el derecho a la huelga es un derecho constitucional “que hemos ejercido con responsabilidad, y que seguiremos ejerciendo cuando sea necesario. No puede ser ignorado ni desnaturalizado por decisiones políticas o administrativas”.