Así lo recoge el dictamen del proyecto de ley que crea este nuevo organismo y que recibió esta semana el visto bueno en el Pleno del Congreso de los Diputados, dando continuidad a su tramitación en el Senado.

Durante su paso por el Congreso, el texto inicial ha sido mejorado en distintos aspectos y, entre ellos, ha incluido una mención explícita a las asociaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias para posibilitar que puedan presentar reclamaciones ante la Autoridad “siempre que tales clientes resulten afectados y estén habilitadas legalmente para su defensa y protección”.

Se trata de una petición que había hecho el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) al entender que “en aplicación del principio de diálogo civil, las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias deben poder participar en el proceso de seguimiento, supervisión y evaluación de las medidas relacionadas con esta ley”, según plasmó en su documento de propuestas de enmiendas.

Esta mejora se suma a otras dirigidas a las personas con discapacidad como el llamado “principio de prestación personalizada de servicios financieros”, que hace referencia a tener en consideración “circunstancias personales de los clientes, como la edad, la situación de discapacidad, la condición de persona extranjera y su situación administrativa y el nivel de competencias digitales, además de las características de la zona geográfica en la que residen”.

Este punto fue destacado entre las mejoras por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en unas declaraciones a los periodistas después de asistir al debate parlamentario el pasado jueves que aprobó el dictamen.

Del mismo modo, se da cabida a las asociaciones de personas con discapacidad con un representante en el comité consultivo de la Autoridad, que se encarga de asesorar al organismo. Las personas mayores de 65 años también contarán con un portavoz en dicho órgano.

EDUCACIÓN FINANCIERA

En materia de formación, se prevé que el personal de la Autoridad reciba formación específica para atender a las personas con discapacidad, a los mayores y a otros colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión financiera.

Igualmente, la Autoridad, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “realizará actuaciones concretas y fomentará aquellas iniciativas que mejoren la educación financiera de los ciudadanos y especialmente de las personas mayores de 65 años, de las personas con discapacidad y de cualesquiera otras que puedan encontrarse en situación de riesgo de exclusión financiera”.

La Autoridad integrará los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores (Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), que dejarán de realizar estas funciones y tendrá la finalidad de resolver quejas contra incumplimientos de las normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros o contra el abuso de cláusulas contractuales.

Los ciudadanos podrán presentar reclamaciones ante la nueva Autoridad de forma gratuita y ésta deberá resolver en un plazo máximo de tres meses. Sus decisiones tendrán carácter vinculante cuando se diriman importes de menos de 20.000 euros sobre normativa de conducta y en materia de cláusulas abusivas. En el resto de los supuestos (incumplimientos sobre normativa de conducta y en materia de cláusulas abusivas por importe igual o superior a 20.000 euros y sobre buenas prácticas y usos financieros) las resoluciones no serán vinculantes.

El punto que ha generado más polémica es la tasa de 250 euros que deberán pagar entidades financieras y aseguradoras por reclamación recibida. Su diseño se ha retocado durante la tramitación parlamentaria para penalizar a aquellas entidades que reciban reclamaciones desfavorables.