Así lo recoge un argumentario difundido por ATA a los medios este jueves, en el que ahonda en su postura contraria a la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, que plantea 15 cuotas en función de tramos de rendimientos netos de la actividad, que van creciendo entre 2026 y 2028 y que prosigue en la senda iniciada en 2023 de que los que más ganan más pagan.

En 2022, Seguridad Social alcanzó un acuerdo en la mesa de diálogo y se aplicó desde 2023 un nuevo sistema de cuotas por ingresos reales a cambio de ir reforzando la protección social de los autónomos que tradicionalmente han percibido pensiones inferiores, igual que otras prestaciones. El primer período de despliegue era el trienio 2023-2025 y ahora el departamento dirigido por Elma Saiz negocia el plazo que va de 2026 a 2028.

En su argumentario, ATA señala que el principal objetivo del acuerdo era transitar hacia un sistema donde las cotizaciones se vincularan a los rendimientos, por lo que este fin se está cumpliendo desde el 1 de enero de 2023.

Además, destaca que el acuerdo no Fijó Cuotas Futuras: “Ni la ley ni el acuerdo del diálogo social establecen una cuantía específica para las cuotas en el futuro, ni una base de cotización obligatoria para el año 2032. El acuerdo estableció una senda de transición de nueve años con revisiones trienales para evaluar y ajustar el sistema, no una subida lineal y predeterminada de las bases. Por tanto, una actualización de las bases conforme al IPC anual hasta 2031 sería perfectamente compatible con el acuerdo”.

Asimismo, apunta que el espíritu del Pacto de Toledo y del diálogo social no era únicamente aumentar la contribución, sino acercar la protección social de los autónomos a la de los trabajadores por cuenta ajena. A juicio de ATA, es en este punto donde la Administración “no ha cumplido su parte”.

Como ejemplo, la asociación presidida por Lorenzo Amor cita que el sistema de cese de actividad (paro de los autónomos) “dista mucho de ser una protección real y efectiva comparable a la prestación por desempleo”, pues se deniegan el 60% de las solicitudes.

También critica que no están cubiertos por permisos ante efectos climatológicos adversos o por fallecimiento de un familiar; que las lagunas de cotización no se tratan de forma equiparable a las del Régimen General, y que Se les sigue cobrando la cuota de autónomos en caso de enfermedad grabe diagnosticada los primeros 60 días y sólo le cubren el 75% de la misma a los padres al cuidado de menores y familiares con enfermedades graves.

Por todo ello, ATA plantea un decálogo de propuestas al Ministerio de Seguridad Social, que arranca pidiendo que se continúe desplegando el sistema de cotizaciones mediante la actualización de las cuotas actuales con el IPC; que se reconozca el cese de actividad cuando el cierre sea definitivo; que la Agencia Tributaria informe al autónomo de sus rendimientos computables a efectos de cotización antes de que la Tesorería empiece la regularización, y que los pluriactivos coticen en el RETA sin posibilidad de exceder la base máxima como en el pluriempleo.

Igualmente, solicita que autónomos familiares y societarios puedan mantener su base de 2022 para que no se les perjudique en su pensión; que las madres autónomas tengan el derecho al permiso de lactancia como las asalariadas; que los autónomos tengan derecho al subsidio para mayores de 52 años como lo tienen los asalariados; establecer mecanismos para la cobertura o el cómputo de las lagunas de cotización en la trayectoria profesional de los autónomos, a fin de garantizar la suficiencia de sus futuras prestaciones; equiparar los derechos de los autónomos con los de los trabajadores por cuenta ajena en la concesión de permisos por causas específicas, y mejorar los procedimientos de regularización de las prestaciones percibidas para solventar las incidencias actuales, “garantizando la seguridad jurídica y evitando perjuicios económicos”.