ATUTXA ABOGA POR UNA REFORMA DEL CODIGO PENAL QUE PERMITA CASTIGAR ADMINISTRATIVAMENTE LA ASISTENCIA A MANIFESTACIONES PROHIBIDAS

BILBAO
SERVIMEDIA

El consejero de Interior del Gobiero vasco, Juan María Atutxa, abogó hoy por una reforma del Código Penal que permita establecer sanciones administrativas contra las personas que se sumen a manifestaciones prohibidas.

Ests declaraciones tienen su origen en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que no considera delito la participación de simpatizantes y miembros de HB en contramanifestaciones realizadas frente a los pacifistas que pedían la libertad para José María Aldaya en la catedral del Buen Pastor de San Seastián.

Atutxa, que participó en Zalla (Vizcaya) en un acto en homenaje al fundador del PNV Sabino Arana, aseguró que esta sentencia "es un avance en la clarificación, y abre la espita para que las sanciones administrativas puedan imponerse si hubiera lugar. Algo que nuestro departamento está analizando con el rigor, la serenidad y la prudencia que requiere".

El consejero de Interior mostró su preocupación por el hecho de que el nuevo Código Penal, aplicado por el TSJPV, suponga la despenalizació de la participación en actos prohibidos. "En cierto modo -afirmó Atutxa- está facilitando la labor para el ejercicio de repugnantes actos de intolerancia a quienes caminan a sus anchas por las calles, apoyados por los intolerantes y la falta de respeto a las autoridades".

Atutxa puso como ejemplo los altercados ocurridos en la tarde de ayer en Hernani (Guipúzcoa), en donde un centenar de simpatizantes de HB insultaron y amenazaron a los ciudadanos que se manifestaban en contra de la violencia callejea. Según el consejero, con estos hechos "se ha rubricado quien es el intolerante".

La reforma del nuevo Código Penal pondría fin a esta situación, si bien Atutxa añadió que se trata de una decisión que tiene que tomar el poder legislativo.

AGRUPAMIENTO DE PRESOS

Interrogado sobre la decisión del Gobierno de rechazar un plan global de acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas, tal y como solicitó el Parlamento vasco, Atutxa afirmó que no le corresponde a él valorar una petición del Parlameto autónomo y del PNV.

Sin embargo, añadió que no hay que olvidar que los presos tienen derechos y que la ley dice que deben cumplir condena cerca de su residencia. "Los derechos no pueden quedarse a medias -apuntó Atutxa- aún cuando son delincuentes, porque sería una condena paralela y un verdadero error".

En su opinión, sí se debe estudiar de forma individual la extradición de presuntos miembros de ETA. Atutxa declaró estar convencido de que deportados que residen en Santo Domingo quieren volve a Euskadi, pero es la propia dirección de ETA quien se lo impide.

(SERVIMEDIA)
05 Ene 1996
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