La sala considera probado que los procesados pertenecían a los dos grupos armados de acción en España de los GRAPO, uno de los cuales, integrado por María Jesús Romero, Guillermo Vázquez y Javier Calcerrada, estaba radicado en Madrid, mientras que al otro, con ifraestructura en Barcelona, pertenecían Laureano Ortega, Jesús Cela y Olga Oliveira. Además, los terroristas disponían de otros pisos francos en Valladolid y Logroño.

Según el tribunal, una de las acciones por las que han sido sentenciados fue la colocación de un artefacto en el complejo industrial de Repsol de Tarragona, acción decidida por Ortega, Oliveira y Cela, dada la importancia del objetivo y en cumplimiento de las finalidades perseguidas por los GRAPO.

Así, planificaron la operación en e piso de Barcelona, desde donde se dirigieron el 8 de septiembre de 1990 en tren a Tarragona portando una mochila con tres artefactos explosivos, que colocaron en unas tuberías del complejo de Repsol, haciendo explosión 12 horas después.

Como consecuencia de la detonación, el complejo industrial sufrió diversos desperfectos valorados en 400 millones de pesetas, además de los daños originados en cables telefónicos y postes y vías de Renfe valorados en cerca de 2 millones de pesetas.

Además de estaacción, la sala les acusa de haber ideado el secuestro del empresario inmobiliario Alejandro Gómez Durán, a cuya familia pensaron reclamar entre 300 y 500 millones de pesetas a cambio de su libertad.

Para esta operación, el procesado Javier Calcerrada fue el encargado de realizar un plano de la vivienda del empresario en Madrid, para lo que se hizo pasar por empleado del gas.

El plan consistía en que Jesús Cela y otra persona se introducirían en la vivienda disfrazados de empleados de Gas Madrid , tras intimidar a los familiares del empresario, facilitarían el acceso a la casa a Guillermo Vázquez, María Jesús Romero y Olga Oliveira, quienes se quedarían en el interior mientras que Cela trasladaría al empresario a otro lugar hasta la entrega del dinero.

Sin embargo, el secuestro no se llevó a cabo, ya que los GRAPO fueron desarticulados en octubre de 1990. Además, los terroristas habían confundido la vivienda del empresario con la de un jubilado, por lo que, aunque hubieran perpetrado el secuetro, habrían errado de objetivo.

Por estos hechos, el tribunal condena a un total de 27 años de cárcel a Ortega como autor de los delitos de tenencia de armas de fuego y explosivos y terrorismo, y a otros 25 años de prisión a Guillermo Vázquez Bautista por tenencia de armas de fuego y explosivos, falsificación de documento oficial, conspiración para detención ilegal, falsificación de documento de identifidad y uso público de nombre supuesto.

También condena a Olga Oliveira Alonso a 41 años de cárel por pertenencia a banda armada, tenencia de armas de fuego y explosivos, falsificación de documento de identidad, uso público de nombre supuesto, terrorismo y conspiración para detención ilegal, y a otros 20 años de prisión a María Jesús Romero Vega por tenencia de armas y explosivos, falsificación de documento de identidad, uso público de nombre supuesto y conspiración para el secuestro.

Finalmente, impone una condena de 46 años de cárcel a Jesús Cela Seoane por pertenencia a organización terrorisa, tenencia de armas y de explosivos, falsificación de documento de identidad y de documento oficial, terrorismo y conspiración para el secuestro y a un total de 9 a Javier Calcerrada por tenencia de armas de fuego y conspiración para el secuestro.