En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal consideran que en este procedimiento de extradición se cumplen todos los requisitos para proceder a la entrega del reclamado. Esto es, que esté acusado de delito común, que no se advierta motivación espuria, que no haya prescrito y que en este caso la pena mínima del delito de mayor, homicidio agravado, parte de 400 meses de prisión.

En concreto, las autoridades de Colombia reclaman a Ramírez Valencia por delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en trece eventos y fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas, que en la legislación española, explica la resolución, serían equivalentes a pertenencia a organización criminal, trece asesinatos y tenencia ilícita de armas.

La Sala rechaza el argumento de la defensa sobre que no existen indicios de la participación del reclamado en los hechos por los que se le reclama y argumenta que en las extradiciones no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia ni se realiza un pronunciamiento condenatorio sino que simplemente se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar al entrega.

En relación con la alegación del reclamado que se debe suspender la entrega por haber solicitado el asilo, la Audiencia explica que dicha petición no tiene el efecto paralizador de la extradición que pretende y el procedimiento debe seguir su curso, suspendiéndose en su caso la ejecución de la entrega hasta que sea definitiva la decisión sobre la protección internacional instada.

De acuerdo con la documentación enviada por las autoridades colombianas, Ramírez Valencia se integró en la organización criminal ‘La M’ o ‘Los Monacho’, que operaba en Guadalajara de Buga Valle, en un mando medio de las actividades de tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos.

En el seno de este grupo, el reclamado “pudo ser el determinador” de trece homicidios entre los años 2018 y 2019, según indica el texto.