El magistrado responde así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que considera que no ha quedado explicado quién era la persona encargada y cuál era el procedimiento por el que se comprobaban los gastos adelantados por los cargos de la formación para luego efectuar su abono en efectivo.

Así se desprende de un auto firmado por el fiscal Luis Pastor, en el que pide designar a la UCO como policía judicial para que elabore informe a partir de las evidencias digitales que obran en las presentes actuaciones, en las que se contengan mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos que hagan referencia a la operativa.