El magistrado responde así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que no ha quedado explicado quién era la persona encargada y cuál era el procedimiento por el que se comprobaban los gastos adelantados por los cargos de la formación para luego efectuar su abono en efectivo.

Así, adopta esta decisión a instancias del fiscal del caso, Luis Pastor Motta, que pide que se ordene a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar los “documentos” y “mensajes, tanto escritos como de voz” que constan en la causa que puedan tener relación con esos abonos.

En una providencia, el juez pide al partido que “facilite al juzgado relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024 y, verificado que sea, se acordará lo procedente”.

El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por parte del PSOE, atendido a las indicaciones hechas a la Audiencia Nacional desde el Tribunal Supremo.

El juez hace el encargo a la UCO por entender que se "han puesto de manifiesto una serie de conductas de blanqueo de capitales, un desfalco cometido contra el partido" a cargo de José Luis Ábalos y Koldo García que podrían haber blanqueado ingresos irregulares a través de los pagos en metálico de su formación política.

La redacción de la providencia del juez sugiere que la línea de investigación va en dirección de aclarar si Ábalos y Koldo se sirvieron del partido para lavar un dinero ilícitamente obtenido, por lo que el PSOE habría sido perjudicado y no artífice de un mecanismo de financiación ilegal.

El objetivo de la investigación sería explicar el supuesto descuadre en los pagos al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción denunció que la documentación aportada por el PSOE “no es esclarecedora”.

Fue el instructor del ‘caso Koldo’ en el Supremo, Leopoldo Puente, el que remitió a la Audiencia Nacional la investigación sobre posibles irregularidades de financiación a través del PSOE, de manera que el exministro y quien fuera su asesor pudieron usar las liquidaciones de gastos que pasaban al partido para blanquear el dinero de las mordidas que supuestamente cobraron de empresarios.