En un auto conocido este viernes, este juez indica que este supuesto fraude se habría realizado entre 2016 y 2018. A los imputados se les atribuyen delitos contra la Hacienda Pública, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y creación, dirección e integración en organización criminal.

La resolución da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escritos de acusación o de archivo. El auto detalla los delitos que atribuye de forma indiciaria a cada investigado. En el caso de Claudio Rivas, el magistrado le envía a juicio por defraudación tributaria a través de la mercantil SKT OIL, en concurso con falsedad de documento mercantil de los ejercicios 2017 y 2018.

El instructor propone que en el juicio se declare responsables civiles subsidiarios a un total de 16 mercantiles y como partícipes a título lucrativo a cinco personas físicas. Además, atribuye a Rivas un delito de integración en organización criminal. La resolución describe la operativa defraudatoria llevada a cabo a través de la empresa de hidrocarburos SKT OIL y la ocultación e introducción posterior en el circuito económico de los beneficios ilícitos.

FACTURAS FALSAS

El auto explica que SKT OIL habría incrementado de forma ficticia la cuota de IVA soportado deducible a través de facturas emitidas por empresas inactivas, inexistentes o "que hacen de esta operativa su actividad ordinaria". La misma dinámica se habría utilizado, precisa el instructor, a través de la operadora de hidrocarburos Owtra Oil. El magistrado considera que esta operativa constituye el núcleo de la actividad defraudatoria investigada.

La resolución detalla la actividad relativa a la facturación falsa utilizada por la trama organizada para incrementar artificialmente las deducciones fiscales. El juez señala que estas empresas emisoras de facturas falsas formaban parte del entramado diseñado para defraudar a la Hacienda Pública. El sistema permitía aumentar de manera ilícita las cuotas de IVA deducibles, reduciendo así la carga tributaria de las operadoras de hidrocarburos investigadas.

Según el instructor, la trama organizada habría defraudado a través de SKT OIL una cuota de 13,8 millones de euros en el año 2016, de 35,2 millones en 2017 y de 14,6 millones en 2018. En el caso de Owtra OIL, habría defraudado 7,2 millones en el ejercicio 2018 de euros de la cuota del IVA. Estas cifras suman un total superior a los 70 millones de euros defraudados durante el período investigado.

El magistrado describe en su resolución cómo la organización criminal habría operado durante tres ejercicios fiscales consecutivos. La cuantía defraudada fue aumentando progresivamente, alcanzando su máximo en 2017 con 35,2 millones de euros a través de SKT OIL. El auto detalla que la incorporación de Owtra OIL en 2018 amplió el alcance de la operativa fraudulenta, añadiendo 7,2 millones de euros adicionales a la defraudación total.

BLANQUEO INMOBILIARIO

Para canalizar los beneficios obtenidos de la actividad defraudatoria y reintegrarlos en el circuito económico, explica el auto, se adquirieron diversos inmuebles. Entre ellos figuran una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid comprado por 1,6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas adquirido en 2018 por 1,6 millones y vendido en 2022 por 2,7 millones.

El instructor considera que estas adquisiciones inmobiliarias forman parte del delito de blanqueo de capitales atribuido a los investigados. La resolución detalla cómo los beneficios ilícitos obtenidos del fraude fiscal fueron introducidos en el mercado inmobiliario para ocultar su origen delictivo. El juez señala que la venta posterior del edificio de 45 viviendas, con una plusvalía de 1,1 millones de euros, evidencia la rentabilidad de esta operativa de blanqueo.

El auto de procedimiento abreviado describe la estructura organizativa de la trama criminal y el papel desempeñado por cada uno de los 22 investigados. El magistrado atribuye diferentes grados de responsabilidad según la participación de cada persona en los delitos investigados. La resolución incluye tanto a quienes dirigieron la organización como a quienes se integraron en ella para ejecutar las operaciones fraudulentas y de blanqueo.

El juez Piña propone que las 16 mercantiles identificadas como responsables civiles subsidiarios respondan económicamente de los perjuicios causados a la Hacienda Pública. Además, señala a cinco personas físicas como partícipes a título lucrativo, lo que implica que se beneficiaron económicamente de la actividad delictiva. El auto establece así un marco completo de responsabilidades penales, civiles y económicas derivadas de la investigación.