La entidad valoró positivamente que el texto incluya expresamente el TEA entre las enfermedades graves que pueden dar acceso a esta prestación, una reivindicación histórica del movimiento asociativo del autismo. A su juicio, esta incorporación aporta “mayor seguridad jurídica a las familias” y evita que “deban recurrir a procedimientos administrativos o judiciales para obtener una ayuda” destinada a compensar la reducción de jornada necesaria para proporcionar cuidados directos, continuos y permanentes.

Asimismo, destacó como avances la ampliación del concepto de situación protegida mediante la incorporación de supuestos asimilados a la hospitalización y el reconocimiento de la compatibilidad de la prestación con la escolarización y la asistencia a centros educativos, terapéuticos o de atención especializada.

No obstante, Autismo España advirtió de que el proyecto requiere “mejoras para ajustarse a la realidad de muchas personas con autismo” que precisan apoyos intensos y continuados durante largos periodos de tiempo.

Entre sus propuestas figura la ampliación de los límites de edad para acceder y mantener la prestación, al considerar que algunas personas con TEA continúan necesitando supervisión y cuidados intensivos más allá de las edades actualmente previstas. En este sentido, defendió que el criterio determinante “no sea exclusivamente la edad, sino la intensidad y permanencia de las necesidades de apoyo de cada persona”.

La organización también reclamó simplificar los procedimientos de reconocimiento y prórroga de la prestación, otorgando un mayor protagonismo a los profesionales de atención primaria y eliminando informes adicionales de inspección médica cuando ya exista un seguimiento clínico continuado.

Además, pidió que la futura regulación adopte una visión “más amplia del concepto de cuidado protegido”, incorporando expresamente apoyos vinculados a la regulación emocional, la prevención de conductas de riesgo, el acompañamiento continuado, la intervención en situaciones de crisis y la asistencia en actividades básicas de la vida diaria.

La entidad subrayó que, en el caso del autismo, muchas de las necesidades de cuidado “no se expresan únicamente en términos sanitarios”, sino también “funcionales, conductuales, emocionales y de supervisión permanente”, lo que exige un enfoque más adaptado a la realidad de las familias.

Autismo España aseguró que continuará trabajando durante la tramitación del real decreto para que la regulación definitiva “garantice el acceso efectivo a los apoyos necesarios” y contribuya a construir un sistema de protección social “más justo y ajustado a las necesidades de las personas con autismo y sus familias”.