La confederación destacó que el nuevo reglamento da respuesta a una reivindicación histórica del Tercer Sector, al dotar de mayor seguridad jurídica al reconocimiento de las entidades colaboradoras, regular sus derechos y obligaciones, simplificar trámites y ordenar la cooperación con la Administración General del Estado.

No obstante, consideró que el texto debería haberse acompañado de un sistema de acreditación “más completo y equilibrado”, que permita valorar también aspectos relacionados con la inclusión, la accesibilidad y la gobernanza de las entidades.

En materia de calidad, la organización defendió la necesidad de mantener estándares exigentes, pero advirtió de que la referencia expresa a determinadas normas técnicas elaboradas por entidades privadas puede “limitar las vías de acreditación y generar inseguridad jurídica”. Por ello, reclamó “criterios públicos y accesibles”, un procedimiento reglado para reconocer sistemas equivalentes y un periodo transitorio suficiente para que las organizaciones puedan adaptarse.

Asimismo, lamentó que el decreto no incorpore herramientas que permitan valorar el compromiso de las entidades con la inclusión más allá del cumplimiento de las obligaciones legales. En este sentido, señaló que el reconocimiento como entidad colaboradora debería tener en cuenta aspectos como la accesibilidad, la igualdad de oportunidades o la integración de la discapacidad en la estrategia de las organizaciones y recordó que el Sello Bequal constituye “una referencia consolidada para evaluar estas dimensiones”.

Autismo España también consideró “insuficiente” la regulación en materia de transparencia y buen gobierno. Aunque el texto establece obligaciones de control e incompatibilidades, estimó necesario “incorporar una evaluación más amplia sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno, la prevención de conflictos de interés, la rendición de cuentas y la publicación de información institucional y económica”.

La confederación aseguró que trabajará para “cumplir las exigencias del nuevo reglamento”, pero anunció que seguirá defendiendo futuras modificaciones que incorporen sistemas equivalentes de acreditación de calidad, mecanismos de evaluación de la inclusión y un marco más completo de transparencia y buen gobierno.