Así se recoge en el informe sobre los desarrollos normativos de la Convención analizados desde la perspectiva del autismo, que la federación elaboró en coincidencia con el 15 aniversario de la aprobación por parte de España del citado acuerdo, el 3 de diciembre de 2007.

Según este trabajo, la Convención “ha transformado completamente el derecho español de la discapacidad”. Desde su ratificación se han aprobado aproximadamente 80 leyes y más de 70 disposiciones reglamentarias, tanto nacionales como autonómicas, subraya. Todas ellas han transformado, de forma directa o indirecta, el derecho de la discapacidad en España, afectando a los derechos de las personas con autismo.

Entre las normas aprobadas en directo desarrollo de la Convención, el informe destaca la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; la reforma de Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), o la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Sostiene que la Convención y la normativa española derivada de esta “han permitido que la situación jurídica de las personas con TEA quede mejor amparada y protegida”, al ofrecer una atención más adecuada a sus necesidades específicas en ámbitos como la educación, el empleo, las particularidades de menores y mujeres, el fomento de la accesibilidad universal, el respeto a su voluntad, el impulso de su participación en política y en la vida pública, y la garantía de los apoyos necesarios para la toma de decisiones y la vida independiente.

Con todo, el informe destaca que es preciso seguir desarrollando los derechos que recogen las leyes, para que “sean efectivos”, y llama a trabajar contra las discriminaciones que sufre el colectivo y a seguir promoviendo su participación activa en la sociedad en igualdad de condiciones”.

DIRIGIDO A LOS DIPUTADOS

El informe se presentó en el Congreso de los Diputados ante una veintena de parlamentarios, en un evento en el que participaron Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi Estatal.

El director general de Autismo España, Jesús García Lorente, agradeció la presencia de ambos, así como la del resto de ponentes y asistentes, entre los que se encontraban diputados, profesionales de las entidades socias de Autismo España y miembros de entidades colaboradoras del movimiento asociativo del autismo.

En su opinión, es fundamental ofrecer una respuesta sólida y sin más demora a las necesidades de las personas con TEA y dijo que para ello resulta esencial el apoyo de las administraciones públicas.

Por su parte, Pérez Bueno afirmó que la Convención es “lo mejor que le ha pasado en la historia a las personas con discapacidad”, ya que les confiere estatuto de titular de derechos. En este sentido, felicitó a Autismo España por la elaboración del informe y pidió a los diputados allí presentes que lo tuvieran en cuenta para que las personas con autismo sean más dueñas y titulares de derechos.

El presidente del Cermi también aprovechó su intervención para felicitar a la Confederación, al Gobierno y al Parlamento por la puesta en marcha y la continuidad del centro piloto de autismo.

PLAN DE ACCIÓN

A este tema también se refirió Jesús Martín Blanco, quien destacó que el centro permitirá dar respuesta “a la demanda legítima de las personas con TEA y sus familias para cumplir la Estrategia Española en TEA aprobada en 2015” y acelerar el plan de acción derivado de ella. En este sentido, adelantó que dicho plan se va a llevar al Consejo Nacional de la Discapacidad para que sea aprobado y se convierta en realidad en la primavera del próximo año.

En relación con la Convención, Martín Blanco señaló que el texto “es un imperativo legal que hay que invocar y cumplir”, ya que reconoce a las personas con discapacidad “como sujetos y no como objetos de derechos y libertades fundamentales”. En este sentido, recordó a los diputados que es preciso abordar la reforma del artículo 49 de la Constitución, para eliminar el término “disminuido” en relación a las personas con discapacidad.