Así lo expuso este martes el presidente de la AIPI, Manuel Villoria Mendieta, durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde presentó la Memoria de las actividades de esta autoridad desde su puesta en funcionamiento, el 1 de septiembre de 2025, hasta el 31 de diciembre de ese año.

En concreto, en esos cuatro meses recibieron 174 informaciones o comunicaciones de posibles irregularidades, fraudes, delitos o prácticas corruptas, de las cuales casi un tercio fueron anónimas. De ellas, en 26 casos (15%) se incluía una petición de protección, de las que se concedieron 17.

Sin embargo, Villoria puso de relieve que “ahora se han disparado” y que “cada vez llega más”. Así, confirmó que ya han recibido más de 600 comunicaciones, sumando otras 43 nuevas solicitudes de protección, de las que se han concedido otras 15, lo que hace un total de 32 personas protegidas en estos nueve meses de funcionamiento de este órgano. Y confirmo que en cinco casos iniciaron "actuaciones por posibles represalias o incumplimientos de la confidencialidad".

Eso sí, dejó claro que todavía hay algunas de las medidas que la ley prevé que “no han podido desplegarse plenamente”, en particular “el apoyo financiero y el apoyo psicológico a las personas informantes”, entre otros motivos, explicó, porque aún carecen de un “presupuesto específico para ello”.

En lo que se refiere a los cuatro últimos meses de 2025, Villoria detalló que el 55% de las denuncias era sobre “acciones u omisiones que eran constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave”. Y añadió que hay casos “dudosos” sobre conflictos de intereses o mala gestión” que también podrían entrar en ese ámbito.

Además, explicó que, desde el punto de vista sectorial, el 26% se refería al sector privado, el 25% al sector público estatal, el 9% al sector público de las comunidades autónomas y el 7% al sector público local. Y añadió que el 71% de las comunicaciones las gestiona directamente la AIPI y el resto se derivó a las comunidades por ser competencia suya.

Asimismo, Villoria consideró un “éxito” que a 31 de diciembre de 2025 estuvieran cerradas 167 de las 174 denuncias. Además, destacó los tiempos de respuesta, “muy por debajo de los máximos legales”: el acuse de recibo se realizó en una media de 1,1 días y los expedientes se cerraron en 27,3 días de media, matizando al respecto que el 98% se cerró en plazo, y en los que no se cumplió fue porque esperaban recibir informaciones que habían requerido.

Eso sí, pese a estas cifras que celebró, el presidente de la AIPI dejó claro que tenían carencias, por lo que reclamó un presupuesto suficiente que asegure su “autonomía e independencia” y, al mismo tiempo, tachó de “urgente” la incorporación de más personal para hacer frente al cada vez mayor número de denuncias.