La modificación del acuerdo permite que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Castilla-La Mancha pueda emplear la herramienta informática Baredi (Baremo Integrado de Discapacidad) en informes periciales relacionados con procedimientos judiciales sobre reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, según indica la resolución del Imserso por la que se publica la adenda en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Baredi es una aplicación desarrollada por el Imserso para "aplicar de forma homogénea en todo el territorio nacional los baremos oficiales de valoración". Hasta ahora, en Castilla-La Mancha su uso estaba limitado a los equipos administrativos encargados de la evaluación del grado de discapacidad. Con la adenda, el acceso se extiende al ámbito forense.

Aunque la herramienta es de titularidad estatal, su utilización "se articula mediante convenios de cesión con cada comunidad autónoma, que son las competentes en la gestión del reconocimiento del grado de discapacidad", según la normativa del Imserso. Por ello, la habilitación del uso judicial debe formalizarse mediante la modificación de cada convenio territorial, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Con la modificación del acuerdo, su uso se extiende al ámbito judicial, de manera que los órganos forenses podrán emplear el mismo sistema técnico que las administraciones públicas cuando tengan que emitir informes en procesos relacionados con discapacidad.

La aplicación Baredi es la herramienta informática desarrollada por el Imserso para aplicar de forma homogénea en todo el país los criterios establecidos en el Real Decreto 888/2022, que regula el procedimiento para el reconocimiento y calificación del grado de discapacidad. El sistema permite integrar los distintos baremos técnicos y garantizar que las valoraciones se ajusten a los estándares estatales vigentes. La ampliación supone un paso hacia la homogeneización de criterios en todo el país, ya que permitirá que las valoraciones administrativas y las judiciales se apoyen en la misma herramienta técnica, reduciendo posibles discrepancias y reforzando la seguridad jurídica para las personas afectadas en Castilla-la Mancha, informaron fuentes del Ejecutivo regional.