El anteproyecto preparado por el Gobierno para crear este segundo registro establece bonificaciones del 50 por ciento en las cuotas patronale de la Seguridad Social y una reducción del 35 al 25 por cien en el tipo del Impuesto de Sociedades.

Para los responsables de Anave, si el Gobierno mantuviera el anteproyecto en estos términos, haría posible para 1995 una flota superior a la actual en unos 160 buques, con cerca de 2,2 millones de toneladas de registro bruto (TRB) y 3.000 trabajadores nacionales más.

Según Anave, el efecto del segundo registro se mantendría durante toda la década y en 1999 habría en España una flota mercante de badera nacional formada por 300 buques más que en la actualidad, unos 3,9 millones de TRB y 4.500 empleos nuevos respecto a los del 91.

Actualmente, la marina mercante dispone de 387 buques, con una capacidad total de 2.718.060 TRB, y emplea a cerca de 16.400 personas, entre personal a bordo y operarios en tierra.

Como referencia de los que puede ocurrir con el nuevo marco legal en Canarias, los empresarios mercantes toman la evolución del sector en otros países donde las medidas que prepara el Goberno ya se han puesto en marcha.

Destacan que Noruega perdió 15,6 millones de TRB (el 71 por cien de su tonelaje) entre 1982 y 1987, y que, tras la creación de un registro especial similar al que se prepara para España, recuperó en cuatro años unos 17,2 millones de TRB y el empleo del sector creció un 25 por cien.

Otras referencias aportadas por Anave son los casos de Dinamarca y Alemania. En el primero, el empleo creció un 3 por cien en dos años, mientras que en el segundo, el tonelaje pasó de uas pérdidas acumuladas de 49 por cien de registro a una recuperación del 13,5 por cien.

A juicio de Anave, el anteproyecto presentado por el Gobierno "constituye un instrumento útil y positivo para alinear el marco de explotación de las empresas navieras españolas a los actualmente vigentes en la CE", por lo que considera "injustificadas" las críticas sindicales.

También aseguran que los términos en los que está redactado el anteproyecto elaborado por el Gobierno ofrecen garantías para los contraados, y ponen como ejemplo "el mantenimiento de todos los derechos de tripulantes nacionales, cuyas condiciones laborales, salariales y de cobertura social de mantienen íntegramente".

Además, niegan que el segundo registro vaya a lesionar al mercado laboral español, ya que existen incentivos fiscales para estos trabajadores, como la deducción del 15 por cien por gastos generales en la declaración del IRPF, frente al 5 por cien general, y bonificaciones del 50 por cien en las cuotas a la Seguridad Socil.