Según informó la AVT mediante un comunicado, esta concesión del tercer grado por parte del Gobierno Vasco forma parte de los 18 beneficios penitenciarios otorgados desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos pasó a manos del PSE-EE.

El terrorista Narváez Goñi y su pareja, la también etarra Itziar Alberdi Uranga, permanecieron fugados durante 22 años hasta su detención en 2014 en Puerto Vallarta (México), donde vivían con sus dos hijos y trabajaban como masajista y profesora de yoga.

La AVT ha denunciado que "ya no estamos ante una forma de cumplir condena y no un beneficio penitenciario, como señaló Interior, ni algo que se adopta según criterios técnicos y argumentos jurídicos, como siempre ha argumentado el Gobierno Vasco".

BENEFICIOS PENITENCIARIOS CUESTIONADOS

La asociación destacó que el 30% de los presos de ETA ya disfrutan del tercer grado, lo que consideran una "sucesión imparable de indultos encubiertos" que sigue la hoja de ruta de "primero cerca, luego semilibres y, finalmente, libres".

Las víctimas de Narváez Goñi, según la AVT, se han mostrado "absolutamente devastadas y revictimizadas" tras conocer la noticia. La asociación señala que muchas de ellas han manifestado: "a mí nadie me ha pedido perdón".

La AVT espera que el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro recurra esta concesión del tercer grado, que califican de "dolorosa". La asociación advierte que no pueden admitir que "la política penitenciaria se convierta en la puerta de atrás del derecho penal".

Además, esta asociación criticó que, cinco meses después de que el Gobierno vasco y la Fiscalía de la Audiencia prometieran estudiar cómo hacer llegar las cartas de perdón a las víctimas, no han recibido ninguna noticia al respecto.