Así se desprende de la memoria del primer Plan de Inspección Urbanística Municipal (PIUM) para el período 2024-2025 elaborado para el Consejo Rector de la Agencia de Actividades que se celebra este miércoles.

En lo que afecta a las viviendas de uso turístico, el Servicio de Inspección y Disciplina analizó entre mayo de 2024 y diciembre de 2025 un total de 2.589 denuncias, de las cuales casi el 70% procedieron de ciudadanos (asociaciones de vecinos y otras asociaciones, particulares…), mientras que el 30% restante fue formulado por la Policía Municipal, el Área de Medio Ambiente y las juntas de distrito.

Durante los 20 meses analizados en la memoria, se realizaron 2.042 inspecciones y se detectaron 1.893 viviendas de uso turístico, de las cuales 1.788 operaban sin título habilitante.

El Ayuntamiento de Madrid emitió orden de cese para 397 de estas viviendas, un 22%. Preguntado por esta cifra que ha suscitado críticas en la oposición de Más Madrid y el PSOE, Carabante señaló que “cuando se inspeccionan, hay que acreditar primero de manera fehaciente que se está prestando el servicio de vivienda de uso turístico y eso no es tan sencillo” porque “el que haya un letrero” o “un cajetín con las llaves no supone la prueba de que se desarrolla esa actividad” y por tanto es “complejo” conseguir algo que sirva “como prueba la prestación de ese servicio”.

Desde la puesta en marcha del PIUM, según el Ayuntamiento, 497 viviendas han recuperado la legalidad. En 2025 la suma de las VUT que restablecieron la legalidad de forma voluntaria ante la apertura del procedimiento y las que lo hicieron con posterioridad se elevó hasta las 323 viviendas restablecidas.

497 VIVIENDAS CERRADAS Y 3.000 ANUNCIOS DESAPARECIDOS

Desde Más Madrid el concejal José Luis Nieto criticó la diferencia de este dato de cierres en comparación de las 3.000 de las que hablaba el Ayuntamiento en noviembre. “La realidad de sus propios datos habla solo de 497 y sin un solo acta que confirme que esos pisos han dejado realmente de funcionar”, aseguró Nieto. También criticó que “el Ayuntamiento no inspecciona salvo que los vecinos se quejen” porque “en 20 meses” no ha habido “ni una sola inspección de oficio”.

En la misma línea, el concejal socialista Antonio Giraldo criticó que no son datos “para sacar pecho de nada” en un parque de viviendas que supera las “15.000 ilegales”. “Este va a ser el epitafio de la incapacidad del Gobierno municipal para actuar contra la disciplina urbanística y especialmente en un problema tan grave para Madrid como es la legalidad en las viviendas de uso turístico”.

Carabante replicó que lo que se ha reducido en 3.000 son las viviendas de uso turístico anunciadas en las plataformas digitales como Airbnb. Así, defendió que por encima de esas 497 hay muchos propietarios que “sin ser inspeccionados” pero solo como consecuencia del anuncio de los planes de inspección y de las nuevas multas “deciden retirar la vivienda de uso turístico” del mercado. “Yo creo que es una buena noticia, el régimen sancionador debe ser el último escalón de la administración”, aseguró Carabante.

INCREMENTO DEL MERCADO LEGAL

Dentro del mercado legal, Carabante expresó que Madrid está cerca “cerca de 1.400 viviendas de uso turístico legales frente a las 1.100 que apenas había hace un año y medio” y puso el foco en cerrar las viviendas “ilegales” para abrir las “legales que no tienen conflicto con los vecinos” porque la intención es que “donde viven los madrileños no duerman los turistas”.

Con la norma actual, expresó el delegado, es posible que sigan aumentando las viviendas turísticas legales porque “ahora mismo hay posibilidad de transformar edificios completos” en edificios para viviendas turísticas.

En lo relativo a la ejecución forzosa de las órdenes de cese de viviendas de uso turístico a las que no se ha dado cumplimiento de manera voluntaria, se iniciaron 764 procedimientos de multas coercitivas, que provocaron que se restableciera la legalidad en 335 viviendas, que dejaron de dedicarse al uso turístico. Asimismo, se impusieron también 199 multas coercitivas.

MÁS DE 100 MULTAS DE 30.000 EUROS

Por otra parte, se iniciaron 202 procedimientos sancionadores por la implantación y desarrollo de un uso urbanístico incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico; y se impusieron 176 sanciones de multa, en aplicación de la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Según Carabante, más de 100 sanciones de las impuestas han superado los 30.000 euros lo que a su juicio indica que el Ayuntamiento “no ha hecho una huelga de brazos caídos” con este tema.

Durante el pasado año, el número de viviendas inspeccionadas se incrementó respecto a 2024 un 169% —al pasar de 567 a 1.526— y el de viviendas detectadas se duplicó (un 116%, ya que han pasado de ser 623 en 2024 a 1.351 en 2025).

Preguntado por si es necesario un refuerzo en el número de inspectores, Carabante replicó que el esfuerzo ya se ha hecho y aprovechó para apuntar que la Fiscalía archivó un proceso en el que Más Madrid denunció por prevaricación por omisión al equipo de Gobierno en el ámbito del control de las viviendas turísticas. “En las conclusiones de archivo establece y dice literalmente que el Ayuntamiento de Madrid ha actuado de manera diligente en relación a la inspección de las viviendas de uso turístico, destinando los recursos humanos necesarios”.