"Adolece de una falta evidente de fundamentación técnica y jurídica que apoye las afirmaciones que en el mismo se vierten, muchas de las cuáles son inexactas y erróneas", declaró el director de desarrollo de infraestructuras del Ayuntamiento, José María Ortega.

Para Ortega, el documento redactado por el diputado socialista Proinsias de Rossa y la diputada del grupo Los Verdes Margaret Auken "mal puede calificarse como informe", ya que los comisionados "se han limitado a desgranar una serie de opiniones personales y puramente subjetivas sobre las impresiones que obtuvieron al visitar las obras y reunirse con los peticionarios opuestos al proyecto (Izquierda Unida, Ecologistas en Acción y Afectados del Nudo Sur)".

El Ayuntamiento aprecia en el documento una "falta absoluta" de examen por parte de los diputados de los problemas jurídicos que se han planteado en torno a la remodelación de la M-30.

Estos problemas jurídicos, según Ortega, se pusieron de manifiesto a los miembros de la delegación en la reunión celebrada en la Casa de la Villa con la presencia del alcalde de Madrid, en la que se les hizo entrega de la documentación correspondiente a estas cuestiones.

Esta "falta de análisis" del problema jurídico, en opinión del director de infraestructuras del desarrollo, corrobora la conclusión de que los comisionados "se han limitado" a exponer sus "apreciaciones subjetivas" desde una "perspectiva exclusivamente política", sin examinar "en ningún momento" el fondo de la cuestión y las deficiencias existentes en las directivas europeas y en la legislación española de trasposición de las mismas, asuntos que "son cruciales" en esta cuestión y que evidentemente atañen a las instituciones europeas.

Ortega recordó que el Ayuntamiento ya formuló en julio de este año las alegaciones oportunas ante la Carta de Emplazamiento remitida al Reino de España por la Comisión Europea en torno al cumplimiento de la legislación comunitaria en la remodelación de la M-30.

Por otra parte, el Ayuntamiento se felicita de la valoración positiva que en el informe de los diputados se hace de la propuesta municipal y del reconocimiento a la actitud positiva del gobierno de la ciudad de Madrid con el fin de resolver la discrepancia existente con las autoridades europeas.

El Ayuntamiento, afirma, siempre ha alcanzado acuerdos con todas las autoridades concernidas (como la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio Ambiente, la autoridad ambiental regional o la Dirección de Patrimonio Histórico), buscando la soluciones que preserven todos los intereses en presencia y sin haber entrado en conflicto jurídico con ninguna de ellas.

Esta actitud reiterada ha permitido al Ayuntamiento contar con todas las autorizaciones exigibles y con el respaldo unánime de todos los dictámenes jurídicos, informes y resoluciones dictadas por las distintas administraciones y también con el de las numerosas resoluciones judiciales hasta ahora producidas, agrega.