Según explicó la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves en Chamberí, el Ayuntamiento prevé una inversión estimada de 6,6 millones de euros.

La medida favorece la contratación pública inclusiva, el fomento del empleo y la participación social de personas con discapacidad y colectivos con más dificultades de empleabilidad.

El rango de actividades desarrolladas fruto de estos contratos abarca servicios de limpieza, jardinería, recogida y reciclaje, lavandería, hostelería y catering, servicios de imprenta, almacenamiento y reparto o trabajos administrativos y auxiliares, entre otros.

El porcentaje de reserva se eleva un 0,25% y la cantidad mínima reservada se incrementa en 400.000 euros respecto a 2025. Se trata de unas referencias mínimas, lo que significa que los contratos finalmente reservados para su adjudicación por los diferentes centros gestores y órganos de contratación municipales (Ayuntamiento, organismos autónomos y sector público) pueden superar este porcentaje. Así viene ocurriendo desde 2019, año en el que se fijó el porcentaje mínimo de reserva en el 2 % y el importe en 2,4 millones de euros.

Tras la aprobación de este acuerdo y antes de final de año, mediante decreto de la titular del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, se fijarán las directrices y se aprobará el plan con la relación de contratos para los que se prevé la reserva.

Desde 2019, los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción han ejecutado 324 contratos municipales contemplados en sus respectivos planes anuales, por un importe superior a 54,6 millones de euros.

Los centros especiales de empleo de iniciativa social son aquellos organismos con un mínimo del 70% de la plantilla formada por personas con discapacidad y que, además, son promovidos y participados en más de un 50% por una o varias entidades sin ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos. Estos centros están obligados a la reinversión íntegra de sus beneficios en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y en la mejora de su actividad de economía social, además de poder reinvertir en sus propias instalaciones o en otras análogas.

Las empresas de inserción, por su parte, se definen como aquellas sociedades mercantiles o cooperativas que se dedican a la producción de bienes y servicios cuyo objeto social tiene como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. Deben estar promovidas o participadas por entidades sin ánimo de lucro y mantener anualmente un porcentaje mínimo estipulado de trabajadores en proceso de inserción, además de aplicar al menos el 80% de sus resultados en mejorar o ampliar sus estructuras productivas y de inserción.