Esta cifra es casi un 6% inferior a la del período enero-marzo del pasado año, cuando resultaron inmersos en expedientes de regulación de empleo un total de 36.832 trabajadores. Este descenso responde a la mejor marcha de las empresas, a pesar de la ralentización de la economía en los últimos meses de 1995 y los primeros del 96.

Entre enero y marzo de este año, la autoridad laboral autorizó un total de 1.706 xpedientes de regulación, 102 menos que en 1995. De ellos, 1.236 expedientes fueron pactados, afectando a 25.082 trabajadores, y en los 470 restantes no fue posible el acuerdo (13.942 empleados afectados).

El número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo descendió en la modalidad más drástica, la de extinción de contratos, pero aumentó, en cambio, en los expedientes de suspensión temporal de empleo y en los de reducción de la jornada laboral habitual.

Así, un total de 10.744 trabajadoes resultaron afectados por despidos colectivos en el primer trimestre, frente a los 14.744 del mismo período de 1995. Las personas inmersas en expedientes de suspensión temporal de empleo fueron 27.880 (21.723 en 1995) y 400 en expedientes de reducción de jornada (335 el año pasado).

Por sectores, la inmensa mayoría de los trabajadores regulados estaban empleados en la industria (29.949 personas), y el resto se reparte entre los servicios (3.961), la agricultura (3.644) y la construcción (1.470). Desacan los trabajadores afectados por expedientes en las empresas de automoción (7.757).

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Atendiendo al tamaño de las empresas, las grandes fueron las que más recurrieron a las regulaciones de empleo, ya que algo más del 32% de los trabajadores sujetos a expedientes eran empleados de compañías de más de 1.000 trabajadores. Otro 20% de los regulados pertenecían a empresas de menos de 25 trabajadores, lo que muestra que también las pequeñas empresas utilizan de manera importante esa vía para afrontar caídas de producción.

Las causas más frecuentemente alegadas por las empresas para presentar expedientes de regulación de empleo fueron en el primer trimestre del año los problemas de tesorería o financición, la necesidad de aplicar medidas económicas y los problemas de fuerza mayor.

Los trabajadores de Castilla y León resultaron los más afectados por estos expedientes, con un total de 9.524 empleados, seguidos de los de Asturias (5.227), Cataluña (4.833), Andalucía (4.541), Glicia (3.222), País Vasco (2.700), Cantabria (2.162) y Madrid (2.141).