El archipiélago recibirá una dotación económica anual de 4.500 millones de pesetas para gestionar las universidades y realizar las nuevas inversiones necesarias a fin de ofrecer a la institución académica una infaestructura adecuada a las necesidades de la comunidad.

Baleares es la única región española que no dispone todavía de competencias en materia universitaria. Las negociaciones con la Administración central se iniciaron en 1993, pero las discrepancias sobre la cuantía de la dotación económica impidieron el acuerdo.