Así lo recoge el organismo en su ‘Informe Anual 2022’ publicado este miércoles en el que analiza la situación de la vivienda y hace referencia a la nueva ley, que tiene pendiente su tramitación en el Senado.

Explica que se ha reducido el porcentaje de hogares que poseen una vivienda en propiedad, particularmente entre los jóvenes, al tiempo que ha aumentado la demanda de alquiler en esos casos. Los precios del alquiler por encima de los salarios “ha aumentado la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios”.

A esto se añade que el aumento de los precios del alquiler se produce en un contexto de oferta restringida por el limitado aumento de la vivienda pública para alquiler social y la aparición de usos alternativos de la vivienda residencial como el uso turístico.

Así, el parque de vivienda para alquiler social en España se situaría en torno a las 290.000 viviendas, en las que residirían un 1,6% de los hogares, cifras alejadas de la media europea, que tiene un ratio del 7,5%. Por su parte, las viviendas turísticas han crecido y supondrían un 1,2% del parque total.

Si bien, la nueva ley incorpora un aumento del parque público de vivienda para alquiler social y mayores incentivos fiscales para quienes alquilen pisos, “algunas de las medidas incluidas, como el control de rentas, podrían generar efectos indeseados a medio plazo”. La ley incluye la limitación en la actualización del precio del alquiler y la posibilidad de que las comunidades autónomas que lo consideren limiten los precios en zonas tensionadas.

El Banco de España señala que la literatura económica ha documentado que los controles de precios pueden reducir los precios del alquiler a corto plazo en las zonas reguladas, pero generar “efectos adversos” como la reducción del número y la calidad de las viviendas disponibles, cambios en la composición de la oferta e incrementos de precios en segmentos no regulados. Estos efectos serían más relevantes cuando los controles se mantienen durante períodos prolongados de tiempo.

En el caso español, el análisis sobre la experiencia reciente de Cataluña “apuntaría a reducciones en los precios medios del alquiler a corto plazo y a ciertos cambios en la composición de la oferta, si bien la aplicación de esta política en un contexto de pandemia dificulta su valoración”.

Además de pedir más oferta pública de alquiler, el Banco de España apela a incrementar la oferta desde el sector privado, dada “la considerable magnitud del desequilibrio actual entre la oferta y la demanda”.

También reclama “reforzar la seguridad jurídica efectiva de los propietarios” y “reducir la incertidumbre regulatoria”. De manera complementaria, propone medidas fiscales y regulatorias para incrementar la oferta de alquiler residencial por parte del sector privado profesionalizado con incentivos a empresas condicionados al mantenimiento de una determinada cuantía de alquiler residencial a precios reducidos, o la flexibilización en las áreas tensionadas de la regulación urbanística en el ámbito local que limita y condiciona el uso del suelo.

Una vez aprobada la nueva ley, “será fundamental evaluar con rigor” la capacidad para cumplir sus objetivos. “Resulta necesario prestar atención a las señales de aparición de los efectos adversos mencionados, de manera que se adapte la normativa para evitar la materialización de estos riesgos”, añade.