Así se desprende del Informe de Estabilidad Financiera correspondiente a la primavera de 2025, en el que el Banco de España considera que el actual gravamen sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras se puede considerar una extensión del impuesto temporal anterior, ahora incorporado al sistema tributario.

El BCE señaló en su dictamen de 2024 que la imposición de este tributo puede reducir la capacidad de resistencia del sector bancario frente a perturbaciones. Eso tendría efectos económicos adversos, puesto que limitaría la capacidad de las entidades de conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios, según recoge el Banco de España.

Fráncfort también alertó de que este impuesto nacional “puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo y menoscabar la igualdad de condiciones en la unión bancaria”, en un momento en el que las autoridades comunitarias caminan hacia una mayor unión bancaria.

En su informe de este martes, el Banco de España respaldó esa opinión, así como la necesidad de que se realice un seguimiento continuo de las implicaciones del impuesto desde el punto de vista de la estabilidad financiera.

Más allá de eso, el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, Daniel Pérez, recordó que las decisiones sobre la política fiscal competen al Ministerio de Hacienda y al Parlamento.

“No es competencia del Banco de España y no cabe que me pronuncie. En el informe, lo que sí hacemos es contribuir en la medida de nuestras posibilidades al diseño del impuesto. La decisión sobre cuál es la política fiscal no compete al Banco”, recalcó.

En un inicio, en 2022, el impuesto a la banca se originó en un contexto de elevada inflación, en el que el llamado “pacto de rentas” invitó a distribuir los costes de esa inflación entre los agentes de la economía. Su creación fue con carácter temporal, con la naturaleza jurídica de prestación patrimonial de carácter público no tributario y para los ejercicios 2023 y 2024.

No obstante, a finales de 2022, el BCE emitió un dictamen, de naturaleza consultiva y no vinculante, sobre la proposición de ley del gravamen, a petición del Congreso. Fráncort avisó de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario y recomendó que el gravamen no planteara riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos.

El nuevo impuesto a la banca, aprobado en 2024, es de naturaleza directa y su recaudación se reparte entre las comunidades autónomas de régimen común, en función de su PIB regional.