Las propuestas de los populares están recogidas en un documento de 15 páginas que cada autonomía ha remitido este jueves al Gobierno central, según fuentes territoriales. El dossier, al que tuvo acceso Servimedia, recoge un total de ocho grandes propuestas de acuerdo que el PP plantea debatir en la reunión de mañana, entre ellas, de vivienda.

Las medidas que plantea el principal partido de la oposición pretenden reactivar el mercado del alquiler y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios, dos aspectos que, a juicio de los populares, se han visto deteriorados desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda hace ahora dos años.

Por ello, las comunidades gobernadas por el PP plantean derogar esta ley –que estableció las zonas de mercados tensionados que estos territorios no aplican–, poner a disposición suelo público para la construcción de vivienda asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada, e impulsar una administración más eficaz, con mecanismos como el silencio positivo en los informes sectoriales para evitar demoras en los trámites urbanísticos.

Además, plantea reducir la fiscalidad de la vivienda con una rebaja del IVA al 4% tanto para la compra como para la rehabilitación, con el objetivo de incentivar la oferta. Las comunidades del PP ya se comprometieron en enero a reducir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 4%, aunque lo limitaron a menores de 40 años que compren su primera casa de segunda mano.

Los populares también exigen también la derogación del decreto antidesahucios, que consideran uno de los principales incentivos a la ocupación ilegal, y reclaman al Gobierno reformas legislativas “decididas y eficaces” para frenar este fenómeno. En paralelo, piden revisar el umbral de vulnerabilidad fijado por el Ejecutivo —situado en los 1.800 euros mensuales— al considerar que este criterio ampara situaciones abusivas y no responde a la realidad de las familias realmente vulnerables. El PP propuso hace unos meses bajarlo a 1.050 euros.

Con esta ofensiva, el PP busca trasladar a la agenda política un asunto que se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles en los últimos meses, por encima incluso de la inflación o el empleo. Además, la ofensiva se produce en Cataluña, uno de los territorios más afectados por la ocupación y la única en la que su capital –Barcelona– ha aplicado las zonas de mercado tensionado.

Todas estas reclamaciones forman parte del paquete de asuntos que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo logró introducir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, tras varios días de presión sobre el Ejecutivo y la amenaza de incluso plantar a Sánchez. La cita de Barcelona se desarrollará así en un clima político de máxima tensión, sobre todo porque los barones del PP se manifestarán contra Sánchez en Madrid apenas 48 horas después de reunirse con él.