El Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe decidió presentar este recurso el pasado mes de septiembre, por considerar que la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos limita los derechos de asociación política y libertad ideológica.

Además, el Gobierno vasco sostiene que la Ley de Partidos permite al Ejecutivo central invadir competencias que sólo corresponden a los jueces.