Concretamente, está recabando todas las actuaciones y sentencias en las que exista relación de miembros de Batasuna con la banda terrorista.

Estos datos serán enviados al equipo de los servicios jurídicos del Estado que trabaja en la documentación necesaria para presentar una demanda ante la sala especial del Tribunal Supremo, solicitando la ilegalización de Batasuna.

La recopilació de estos datos comenzó el pasado 6 de agosto, cuando la Fiscalía General del Estado dió órdenes de estudiar "en profundidad" las actuaciones de los dirigentes y portavoces de Batasuna desde la entrada en vigor de la denominada Ley de Partidos, el pasado 27 de junio, por si corresponde presentar una demanda para ilegalizar dicha formación política.

La Fiscalía General del Estado quiere comprobar si las actuaciones de los responsables de Batasuna a partir del pasado 27 de junio entran en colisión con l previsto en el artículo 9 de la citada ley.

Dicho artículo establece que se ilegalizará aquella formación cuya actividad vulnere derechos y libertades, justifique o exculpe atentados contra la vida o la libertad, fomente la violencia para propiciar fines políticos o apoye públicamente a grupos terroristas.

Esta actuación, que ha sido ordenada por el propio Cardenal, incluye también el análisis de los últimos pronunciamientos públicos de la dirección de Batasuna tras el útlimo atentado de ETA ocurido en Santa Pola, "así como sus maniobras para eludir la condena de estos crímenes".