Michavila explicó, enrueda de prensa, que estas pruebas de la connivencia de la formación "abertzale" con la banda criminal figuran en un informe elaborado por la Abogacía del Estado, y que Justicia ha remitido hoy mismo a todos los grupos políticos del Congreso.

El ministro explicó que este informe, que servirá como base para que el Ejecutivo solicite al Tribunal Supremo que ilegalice la organización que lidera Arnaldo Otegi, hace referencia a la trayectoria de la formación independentista y a 21 hechos que demostrarían ómo ha vulnerado la Ley de Partidos desde que entró en vigor a finales de junio.

El titular de Justicia aseguró que estas actuaciones habrían quebrantado el artículo 9.3 de la Ley sobre organizaciones políticas, y que en los 21 casos se trata de hechos "de gravedad".

Destacó que entre estos hechos están la no condena del atentado terrorista ocurrido en Santa Pola (Alicante) este mes de agosto, la permanencia de terroristas condenados en las listas de Batasuna o que desde ayuntamientos en los que obierna este partido se han realizado proclamas contra el Estado de derecho.

TRAYECTORIA ILEGAL

No obstante, Michavila añadió que el informe también alude a la trayectoria "grave y reiterada" de apoyo a ETA de la formación de Otegi, aspecto que está contemplado en la Ley de Partidos y que no supone retroactividad.

Indicó que analizar la trayectoria es "una garantía" para la organización examinada, pero que en el caso de Batasuna pone de manifiesto que no ha aprovechado la oportunidad que tuvo d cambiar de actitud, sino que "ha seguido siendo lo que era: el brazo político de ETA".

Sobre el inicio por parte del juez Baltasar Garzón de los trámites para suspender la actividad de la formación de Otegi, el ministro dijo que esta vía penal no sólo no es incompatible con la iniciada por el Parlamento, sino "absolutamente complementaria".

Por último, el titular de Justicia confirmó que la Fiscalía General del Estado va a presentar su propia demanda ante el Supremo para que se ilegalice Batasun, iniciativa que no ha sido instada con el Gobierno, aunque ha tenido en cuenta la información remitida por el Ejecutivo.