Según informaron fuentes del Alto Tribunal, así lo decidieron los 16 magistrados que componen la Sala Especial, tras analizar el último escrito remitido por el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, en el que insiste en la imposibilidad legal de aplicar tal resolucin, así como el auto relativo a las medidas encaminadas a la materialización de dicha decisión.

El Supremo, antes de tomar una decisión, ha optado por recabar la opinión de las partes personadas en el caso, a quienes ha pedido que en quince días aleguen lo que a su derecho convengan, a la vista del escrito de Atutxa.

Concretemente, les pide que se pronuncien sobre "la posible nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones adoptadas por la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento Vasco con a finalidad de eludir el cumplimiento de lo dispuesto" por la Sala Especial en sus autos de 20 de mayo y de 18 de junio.

El 20 de mayo, los magistrados decretaron la disolución "sin demora" de Sozialista Abertzaleak, en un auto en el que argumentan que este grupo y el de la ilegalizada Batasuna "han ostentado idéntica composición personal, por lo que debe concluirse que la creación de éste último es un artificio más, encaminado a obstaculizar los efectos de la ilegalización" de la coalición "abertzale.

Además, los magistrados que componen la Sala Especial del Tribunal Supremo recuerdan que, según el artículo 118 de la Constitución, "es obligado" el cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales.

El 18 de junio, ante la negativa del Parlamento Vasco, el Supremo dictó otro auto en el que decretaba una serie de medidas encaminadas a la aplicación de dicha resolución, como el embargo de las subvenciones que pertenezcan a dicho grupo parlamentario, así como d los saldos de las cuentas corrientes que pudiera tener en cualquier entidad de crédito.

La disolución de Sozialista Abertzaleak forma parte de la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna solicitada por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado.

Las tres formaciones ilegalizadas por el Supremo (Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna) han ido cambiando de nombre en los últimos meses en las instituciones, de manera que en todas ellas los grupos han pasado a denomiarse Socialistas Abertzales.

Fue el pasado 17 de marzo cuando la Sala Especial del Tribunal Supremo acordó por unanimidad ilegalizar a la formación política Batasuna, tal y como habían solicitado en sendas demandas el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.