En una nota de prensa difundida esta tarde, la Delegación del Gobierno en el País Vasco señla que esas manifestaciones supuestamente injuriosas de Azcárraga podrían ser susceptibles de castigo de acuerdo con lo previsto en el artículo 504 del Código Penal.

Ese artículo impone sanciones económicas a quienes "calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o al Consejo de Gobierno, o al Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma".

Según la Delegación del Gobierno en el aís Vasco, desde que el 21 de agosto se conoció la decisión del juez Garzón de ordenar la suspensión de actividades de Batasuna y desde que el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a solicitar la ilegalización de esa formación política, "el consejero Azcárraga se ha lanzado a una carrera de afirmaciones contra ambas decisiones, que han merecido incluso la crítica, ayer mismo, del Consejo General del Poder Judicial".

La Delegación del Gobierno que dirige Enrique Villar señala que Joseba Azcárragaha hablado de "atropello", de "connivencia entre el Gobierno y los jueces" de "ataque contra las libertades fundamentales y contra la democracia", entre otras "perlas", dice la nota oficial, "para referirse a medidas respaldadas por la mayoría de los españoles a través de sus representantes parlamentarios y fundamentadas en decisiones judiciales. Azcárraga y su partido pueden manifestarse en apoyo de los cómplices de los terroristas, pero sus insultos y sus desprecios no merecen quedar impunes".

En su declaraciones contra el auto de Garzón de suspensión de las actividades de Batasuna, Azcárraga también dijo (aunque estas expresiones no figuran recogidas en la nota de prensa de la Delegación del Gobierno en el País Vasco) que la resolución del magistrado de la Audiencia Nacional era una "chapuza", un "peligroso atropello" y un "intento de involución".