Durante la sesión de control al Gobierno, Belarra defendió esta propuesta, cuya versión anterior fue rechazada hace un mes por Euskadi, Cataluña, Madrid, Galicia, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Según el diputado del PNV Iñigo Barandiarán, el texto "invade las competencias autonómicas" al tratar cuestiones relativas a la ubicación de los centros o a regulaciones laborales, y "se extralimita respecto a lo que la Ley de la Dependencia reserva al Estado".

También criticó el reciente anuncio del secretario de estado de Derechos Sociales sobre que se reservará 150 millones de euros del componente 22 de los Fondos de Recuperación para la puesta en marcha del nuevo sistema y preguntó a Belarra "hasta donde piensa llegar con este direccionamiento político y económico".

"Primero le sustraen a las comunidades sus competencias de gestión y ahora le quieren sustraer su capacidad económica". Además, indicó que el nuevo modelo suscita rechazo también entre sindicatos y patronales. "De momento, no sabemos qué mejoras ha introducido el Ejecutivo" respecto a la versión anterior, insistió.

Por su parte, la ministra aseguró que esta propuesta cuenta con "un muy amplio consenso social" y subrayó el apoyo de entidades como la Mesa estatal de Personas Mayores, la Plataforma del Tercer Sector y el Comité Español de Representantes de Personas Con Discapacidad (CermI).

"Estamos trabajando para que este consenso social se convierta también en consenso político porque este nuevo modelo es de absoluto sentido común", afirmó.

Se trata, dijo, de que "haya un trabajador por cada dos personas usuarias, de tener plantillas estables y de que los mayores y las personas dependientes vivan en núcleos pequeños, con una cocina y un salón, de forma lo más parecida posible a una vivienda particular", explicó.

"Si algo nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo en el sistema de cuidados y en el sistema de atención a la dependencia", declaró Belarra, que reiteró su intención de llegar a un consenso con las comunidades autónomas.

"Si hubiésemos querido imponerlo, habríamos recurrido a una modificación legislativa como hizo el PP en su día. No es el caso y por

eso llevamos el acuerdo al Consejo Territorial", defendió.

A su juicio, el modelo actual de grandes residencias es "perfecto para las aseguradoras, las constructoras y los fondos buitre, pero nosotros no lo queremos y estoy segura de que ustedes tampoco.

Por otro lado, la ministra apuntó que los viajes del Imserso para la temporada 2022 2023 están garantizados y que "serán un éxito", como en la pasada edición . Acusó al Partido Popular de pedirles que suban el precio de estos viajes, "algo que no pensamos hacer".