Belarra, durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, denunció esta audiencia previa de la demanda como “una continuación de la persecución de la guerra sucia judicial” a la que “este juez ya jubilado ha sometido” a Podemos “a lo largo de su ejercicio profesional”.

“Comparezco aquí al amparo del artículo 10 del Estatuto del Diputado que garantiza la inviolabilidad de los diputados y las diputadas por la expresión de sus opiniones durante el ejercicio del cargo y después del ejercicio del cargo”, comenzó Belarra.

Mantuvo que “si viviésemos en una democracia, quien estaría siendo juzgado en el día de hoy sería el juez jubilado García Castellón por sus acciones durante su ejercicio profesional y no yo por decir única y exclusivamente la verdad”.

En este sentido, volvió a llamarle “corrupto” y recordó que “fue traído de vuelta por el Partido Popular de su retiro dorado en Italia” para “afrontar las decenas de casos de corrupción del PP en ese momento”. Así, afirmó que García-Castellón “libró de la cárcel a Ignacio González y archivó la causa de Esperanza Aguirre por la caja B del PP”, entre otras cuestiones.

Le achacó que “protegió a la monarquía corrupta archivando la causa contra Corinna Larsen, ha perseguido al independentismo tratando de acusarles de terrorismo y ha perseguido de manera prospectiva” a Podemos “con investigaciones sobre su financiación que han quedado en nada y que le costaron reprimendas de sus propios compañeros tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo”.

Además, insistió en que “afirmar que García-Castellón es un juez corrupto que ha utilizado su posición profesional para perseguir a los adversarios políticos del Partido Popular y para proteger a los corruptos del PP no es una opinión, es una pura descripción de la realidad”. Y considera que el objetivo de estos procedimientos es “amedrentarnos, criminalizarnos y silenciarnos”, ante lo que Belarra defendió “seguir haciendo política y seguir diciendo la verdad”.

Asimismo, al ser preguntada por la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al expresidente catalán y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, por el delito de malversación, dijo que “revela hasta qué punto en este país hay sectores reaccionarios que están atrincherados en el Poder Judicial” y lamentó que “llevan a cabo una guerra sucia judicial contra las leyes que no les gustan”.

Denunció que se trata de “un problema democrático de primer orden” y que “el PSOE se ha negado a resolver entregando el Consejo General del Poder Judicial a la derecha más reaccionaria”. Apuntó así a que estas resoluciones son “las consecuencias de no haber hecho lo que había que hacer en esa renovación” del CGPJ.